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La agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos) y el partido Unidad Nacional (UN) -los principales de la oposición- decidieron inmovilizar al Senado de la Nación hasta que se “restablezca la legalidad” en la Asamblea Constituyente.
La medida se adoptó luego de que el Movimiento al Socialismo (MAS) estableciera, la semana pasada, la “mayoría absoluta” como mecanismo para aprobar la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El ex mandatario y líder de Podemos, Jorge Tuto Quiroga, fue el encargado de anunciar anoche la estrategia de cuatro puntos para frenar al oficialismo y al Gobierno del presidente Evo Morales. Podemos convocó a la población a una “resistencia pacífica” para recuperar el estado de derecho.
Además, resolvió presentar recursos ante el Tribunal Constitucional y demandar la “arremetida del MAS contra la democracia” en Bolivia ante varios organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina (CAN).
“Lo que el MAS ha hecho es dar un golpe artero contra la democracia y poner en riesgo la unidad del país”, afirmó Quiroga en conferencia de prensa.
El partido UN también decidió que sus legisladores -tanto en Diputados como en Senadores- dejen de asistir a las sesiones del Congreso en protesta por la aprobación de la “mayoría absoluta” para tomar decisiones en la Asamblea Constituyente.
Su líder, Samuel Doria Medina, ratificó la convocatoria a la población para que se sume a la protesta por la Constituyente.
La Cámara de Senadores cuenta con 27 integrantes. Podemos tiene 13 senadores, el MAS 12, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 1, y UN 1. Para sesionar se debe contar con la mayoría absoluta del plenario, es decir, 14 votos. Con la resolución de Podemos y UN, el Senado se queda automáticamente sin quórum, impidiendo el funcionamiento del Poder Legislativo.
El MNR analizará hoy cuál será su posición respecto de la medida adoptada por Podemos y UN.
De hecho, las reformas a la Ley INRA (la ley de tierras, motivo de las marchas de ayer) ya no podrán ser aprobadas por el Poder Legislativo.
El Gobierno del presidente Evo Morales llamó al diálogo, pero advirtió que no cederá un milímetro en su decisión de hacer respetar la “mayoría absoluta” en la Asamblea Constituyente, reformar la Ley INRA y avanzar en la fiscalización de los prefectos.
En el frente opositor a Evo Morales, a la contraofensiva en el Senado se sumó la advertencia de Santa Cruz -cívicos, agropecuarios, empresarios y políticos- de “defender las tierras productivas, la autonomía departamental y la institucionalidad democrática” con los prefectos electos a la cabeza.
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