La última sesión del Consejo Departamental fue cerrada por el prefecto Costas, un órgano que a partir de hoy se comenzó a llamar Asamblea Legislativa Departamental, cuya misión radicará en convocar en 90 días a elecciones para elegir por intermedio del voto a sus miembros.
"A tiempo de cerrar este ciclo demos por inaugurado un período de transición con responsabilidad y humildad", señaló Rubén Costas en lo que fue la primera sesión de la Asamblea Legislativa provisional que lo nombró gobernador.
La presidencia del órgano deliberativo fue asumida por Juan Carlos Parada, una asamblea que ya aprobó su primera ley, la cual designa a Santa Cruz como Departamento Autónomo y crea órganos administrativos. "Es una victoria de la legalidad y una contundente derrota del centralismo", señaló Parada.
Los funcionarios del gobierno central no acudieron a la ceremonia, calificando oportunamente la autonomía cruceña como ilegal e inconstitucional.
En dicha primera sesión participaron delegados de cinco pueblos indígenas de la región. Uno de ellos, José Urañavi, delegado del pueblo guarayo dijo que "la autonomía es también un anhelo nuestro".
Luego que el órgano se conforme por miembros elegidos por el voto, "comenzará la aplicación del estatuto en forma gradual", señaló Costas en declaraciones ante periodistas.
Fabián Yaksic, viceministro de Descentralización, había indicado ayer miércoles que las decisiones asumidas por Santa Cruz son "ilegales e inconstitucionales", debido a que considera que la Constitución vigente no reconoce las autonomías regionales. Según su opinión, la región cruceña pretende el establecimiento de un federalismo que rompería la unidad del país.
En el día de ayer, Rubén Costas creó una Delegación de Comercio Exterior y Exportación, cuyo primer desafío será derogar un decreto de Morales que impone restricciones a la exportación de aceite comestible del que la región es productora.
Frente a sí, Costas tiene también otro desafío: el de duplicar el salario mínimo nacional fijado por el gobierno, estableciéndolo, por el contrario, en 1.000 bolivianos, o 136 dólares.
La administración local también pretende cobrar a las petroleras las regalías que, hasta ahora, son atribución del gobierno central.
El estatuto cruceño crea la figura de un gobernador y una asamblea legislativa con control en la distribución de tierras y en los ingresos impositivos. Otorga a los órganos locales la capacidad de "controlar y fiscalizar" la producción de hidrocarburos y reconoce "la condición política de cruceño", lo que para el gobierno implica una nueva ciudadanía.
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