"El organismo electoral continuará organizando el proceso electoral revocatorio de mandato (...) convocado por ley de la República y que sólo puede ser paralizado por otra ley o por una sentencia constitucional legal", dijo a los periodistas el presidente de la Corte Electoral, José Luis Exeni.
Exeni explicó que la posición de la Corte no puede ser visto como "desacato o desobediencia" al Tribunal Constitucional (TC), pues no hay una resolución judicial sobre el referendo revocatorio. La CNE consideró que la petición de la magistrada Silvia Salame se trata sólo de una opinión personal sin efecto legal.
Y agregó que el escrito que la magistrada envió a la CNE "en ninguna parte menciona la suspensión del referéndum revocatorio". Salame decretó ayer que "la CNE debe inhibirse de continuar con los actos organizativos del referendo revocatorio hasta que el TC no se pronuncie sobre una demanda interpuesta por el diputado Arturo Murillo (UN) contra dicho proceso electoral.
El TC de Bolivia, que por ley debe tener cinco miembros titulares y cinco suplentes, en la actualidad sólo está integrado por la magistrada Salame, luego de que sus colegas renunciaran a sus cargos. Por lo tanto, no puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del revocatorio.
El Gobierno manifestó su rechazo, a través del ministro de Defensa Walker San Miguel, quien anunció la iniciación de un juicio por prevaricato contra la jueza, puesto que considera que asumió una determinación política, no legal, con el fin de que el revocatorio fracase.
El referendo revocatorio -del mandato del presidente, presidente, del vicepresidente y de ocho prefectos del país- fue planteado por el gobierno de Evo Morales para zanjar la crisis política que afecta a Bolivia.
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