El temor a que el enconado enfrentamiento entre el gobierno de Evo Morales y los prefectos opositores, a dos días que se produzca la celebración de una consulta popular en el departamento Santa Cruz para la aprobación del estatuto de autonomía, empiece a tener como eje la violencia, fue destacado por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, al presentar el informe de sugestión.
“Mi temor es que el problema de la violencia se convierta en el tema central de la cuestión política boliviana”, advirtió Dante Caputo, al tener en cuenta los hechos “conocidos por el Consejo”. También expresó la necesidad que los estatutos aprobados como resultados de los referéndums autonómicos no sean aplicados.
La exposición trató sobre los tres temas que se plantean como cruciales en el conflicto, a nivel económico, y la cuestión constitucional legal del estatuto autonómico, por un lado, y la nueva constitución política boliviana, por otro.
Economía
Los temas del Impuesto a los Hidrocarburos, considerado por las regiones ricas en dichos recursos como confiscatorio; el tema del aceite, por el que el gobierno en La Paz llegó a prohibir su exportación; y el de saneamiento de tierras, fueron nombrados por el informe, ante los cuales el gobierno boliviano había propuesto varias iniciativas.
Sin embargo, el problema más urgente, cuanto es la inminente celebración del referéndum en Santa Cruz, el enviado de la OEA transmitió el interés del gobierno en que se posponga, pero siendo ya demasiado tarde como para hacerlo, puesto que se comunicó la intención el mismo día que finalizaba la campaña por el ‘sí’.
Un problema adicional que Caputo identificaba en la cuestión de la consulta popular que se celebrará el domingo en el departamento cruceño es el de la interpretación legal de la misma. Por un lado, Santa Cruz la considera vinculante. El gobierno nacional, por el contrario, no los considera así.
Constitución y estatutos
También dejó en claro que existen discrepancias entre la Constitución vigente y la futura, y los estatutos autonómicos. Para lograr la compatibilización entre la norma fundamental y los estatutos, Morales propuso realizar una mesa de negociación pequeña “donde se representen los sectores que identifique los temas graves a discutir. Una mesa de concertación para ver si se esta de acuerdo”. Sobre los temas en que se esté, se pasaría al diálogo.
Y sobre los que no hay acuerdo, pasar a referéndum dirimitorio, en el que la ciudadanía tendría la última palabra al respecto.
Los prefectos contestaron al gobierno con una carta en la que, firmada por los prefectos de Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, dejaron en claro que la “consolidación de gobiernos intermedios de Bolivia, está enmarcada en la legalidad y no representa una amenaza para el gobierno”.
Críticas de Bolivia
El representante boliviano ante la OEA criticó severamente la actitud de los prefectos. “El diálogo no tuvo éxito”, expresó respecto a la gestión de Caputo. De los gobernadores dijo: “(Ustedes pudieron comprobar que) la intransigencia no viene del gobierno”.
“No respondieron a la propuesta del gobierno ni a la cuestión de la ilegalidad”, advirtió sobre la carta enviada a través de Caputo a la OEA. Finalmente, advirtió contra lo que considera una amenaza, no sólo para Bolivia, sino también para la región. Buscar incorporar sin más los estatutos autonómicos en la Constitución boliviana sería abrir la puerta a un nefasto antecedente: “Constitucionalizar algo q va en contra de la constitución”.
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