Quintana afirmó que "el Ejército ya ha presentado una querella criminal contra el prefecto del departamento de Beni" y otras autoridades locales, por considerarlos instigadores de las protestas violentas en la capital departamental.
El funcionario boliviano manifestó que grupos de delincuentes armados, promovidos por la Prefectura de Beni, atacaron con armas de fuego a militares, en el asalto a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales en Trinidad.
"Creemos que esta forma de organizar los grupos violentos armados, de sicarios y criminales solamente corresponde a un Estado autoritario, donde prima el régimen antidemocrático. Por tanto no fue una expresión de protesta, manifestación política pacífica o ataque a Impuestos Internos, fue un asalto armado", lamentó la autoridad gubernamental.
La violencia se desató después de que la autonomista Asamblea de la Benianidad decidiera la toma de instituciones que vincula con el centralismo como muestra de rechazo al referéndum para aprobar la nueva Constitución impulsada por el presidente, Evo Morales.
Quintana denunció que un mayor del Ejército resultó herido de bala y casi otra decena de militares presentan lesiones de diversa índole tras los enfrentamientos.
El alto cargo dijo que el pueblo boliviano repudia estos hechos, ya no vandálicos, sino de organizaciones criminales "lo mismo sucede en la ciudad de Cobija (localidad de Pando, noroeste), financiados, organizados y pagados por la Prefectura, que hoy no sólo toman instituciones para dañar el patrimonio sino de atentar contra la vida de los ciudadanos", agregó.
El Gobierno espera que el Parlamento Nacional y la Fiscalía General de la
República se pronuncien y asuman su responsabilidad sobre estos hechos
delincuenciales que promueven los prefectos.
Las afirmaciones de Quintana se dan en momentos en que se han recrudecido las protestas en las regiones bolivianas controladas por opositores a Evo Morales, quien
denunció hoy que ya está en marcha un golpe civil cuyo primer capítulo es
la toma de instituciones públicas por parte de grupos de choque
financiados por las prefecturas que controla la oposición.
Ante esta situación, convocó a la unidad del pueblo y a las Fuerzas Armadas para defender la democracia boliviana e indicó que la derecha puso en marcha ese plan subversivo para crear las condiciones para derrocar a su Gobierno.
El Gobierno boliviano además emitió el Decreto Supremo 29698 que sanciona con descuentos de recursos a las prefecturas departamentales que promuevan saqueos y ataques contra las entidades públicas.
"Los gastos que demanden la reparación de daños provocados por estos
actos de vandalismo serán financiados con recursos que les pudiera
corresponder a las prefecturas de departamento", señala la disposición
oficial.
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