El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, dijo hoy que el Gobierno de Evo Morales está presionado por sus bases políticas que le exigen acelerar la "refundación" del país, después de la victoria del mandatario en un referendo del 10 de agosto.
Aunque advirtió que el camino que escoja el Gobierno para concluir el cambio constitucional "siempre va a estar circunscrito a la ley, a la Constitución”, en clara alusión a las denuncias de la oposición de supuestos planes "dictatoriales" del izquierdista Morales.
"Estamos evaluando cuál va a ser el camino más inteligente, el más sensato, el más prudente, pero también el más rápido para llevar adelante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado," dijo Quintana a reporteros.
Agregó que el Gobierno cumplirá su promesa de "avanzar en este nuevo siglo con una nueva Constitución" y respetará el voto de más de dos tercios de bolivianos que ratificaron a Morales en el reciente referendo de mandatos.
Quintana hizo la declaración en respuesta a un pedido de sindicatos y otras organizaciones sociales oficialistas de que Morales convoque por decreto a un referendo para aprobar en definitiva el nuevo texto constitucional.
Las organizaciones, agrupadas en una Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), decidieron el pasado fin de semana pedir al jefe de Estado del Altiplano que evite el trámite de una ley para convocar al referendo constitucional, por el temor a un bloqueo de la oposición conservadora, que es mayoría en el Senado.
El mismo Morales presidió la reunión del CONALCAM, pero en sus intervenciones ante en esa reunión evitó asumir compromisos concretos sobre la forma de acelerar el cambio constitucional.
La nueva carta magna, que busca dar más poder a los indígenas y establecer una economía controlada por el Estado, fue aprobada en diciembre, pero resultó bloqueada por procesos de autonomías regionales alentados por la oposición.
Protestas y bloqueos
Mediante huelgas y bloqueos de carreteras, los líderes regionales opositores a Evo exigen la devolución de un impuesto petrolero como condición para un diálogo político con Morales.
El principal corte de rutas fue instalado en Yacuiba (sur), localidad fronteriza con Argentina y situada en el departamento boliviano de Tarija, informaron hoy medios locales.
Los opositores a Morales en la zona del Chaco, que se extiende por las regiones de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, han iniciado un bloqueo indefinido de rutas que se enmarca en el plan de protestas organizado por los dirigentes autonomistas de las regiones de la llamada "media luna".
Ante el anuncio de estos bloqueos y el temor a que los opositores tomen campos petroleros o corten gasoductos de la zona del Chaco, el Gobierno ha reforzado la presencia militar en estas instalaciones.
En tal sentido, el ministro de Defensa boliviano, Walker San Miguel, dijo que se ha reforzado el control militar en las instalaciones petroleras, para garantizar las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil, un negocio constituido en el principal generador de divisas del país.
En un conflicto paralelo, sindicatos campesinos afines al Gobierno mantenían el lunes un bloqueo de carreteras en el departamento centro-sureño de Chuquisaca exigiendo a la prefectura opositora de esa región el reconocimiento de sus autoridades regionales.
Medios locales dijeron que el bloqueo, iniciado hace una semana, amenazaba con provocar una grave crisis de alimentos en la capital regional, Sucre, que es también la capital legal de Bolivia.
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