A poco más de tres meses que entrara en vigencia para la prefectura el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, la Asamblea Legislativa por él constituida ya aprobó cinco leyes, así como también el gobierno departamental sancionó 14 decretos, entre ellos el que fija el salario mínimo de 1.000 bolivianos tanto a nivel público como privado.
Las actividades del Consejo Departamental, constituido en órgano legislativo, comenzaron a once días de que tuviera lugar el referéndum que dio por aprobado el estatuto autonómico. La primera fue una ley que puso en vigencia el nuevo modelo de administración regional.
En ella también está previsto que se adecúe la nomenclatura institucional a lo que desde ese momento se denomina Gobierno Departamental Autonómico. El director de Autonomías, Carlos Dabdoub, aseguró el comienzo de “la toma de decisiones de mayor descentralización”.
Leyes como las del Consejo Económico Social -encargado de delinear políticas de desarrollo económico-social en el departamento-; la de Transparencia y acceso a la información; la del Diálogo Departamental y de elección de asambleístas, subgobernadores y corregidores, convocada para enero del 2009, etc., se encuentran entre las sancionadas por el órgano regional legislativo.
Decretos
Por otra parte, ni bien fue constituida la Prefectura en Gobierno Departamental Autonómico, Rubén Costas asumió la potestad de dictar decretos, los que hasta ahora sólo son tuición del Gobierno Nacional de Bolivia. Promulgó 14 de ellos, uno de los cuales define el salario mínimo departamental en 1.000 bolivianos (143,78 dólares).
No obstante, el impacto de la medida motivó varias interpretaciones. El dirigente de la COD ligada al movimiento cívico, Edwin Fernández, asegura que este salario se paga en más del 60% del sector privado. Sin embargo, el presidente de la patronal nacional, Gabriel Dabdoub, dice que llega al 85%.
Según Fernández, en algunos municipios, como el de la ciudad de Santa Cruz, no se lo paga, y tampoco en el sector salud, educación y la Policía, porque dependen del gobierno central.
Lucio Vedia, dirigente de la COD, organización cercana al oficialismo boliviano, asegura que ese salario sólo llega al 3% de las empresas privadas, pero además “con el descuento de bonos, como el de transporte”.
Otro de los decretos designa a Álvaro Cirbián como delegado Prefectural de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior. Cirbián explicó que están trabajando en su organización interna y planifican un encuentro con la comunidad internacional.
El resto de los 12 decretos hacen, principalmente, a la designación de autoridades interinas en áreas como Justicia, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Productivo, a la espera de la aprobación de una ley de organización del Ejecutivo Departamental.
“Ninguno de estos temas ha sido implementado en la práctica, porque no es posible. Es simplemente una acción discursiva”, asegura la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, quien añade “que en los hechos, para la ciudadanía cruceña no ha cambiado nada”.
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija encaminaron sus autonomías tras aprobar sus estatutos en referendos rechazados por el Gobierno. Montaño dice que los estatutos no van “porque no tienen reconocimiento legal”.
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