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Cívicos, prefectos y representantes de organizaciones políticas y sociales de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija convocaron a organizar una “resistencia civil y democrática” para defender la autonomía departamental “con capacidad legislativa” y advirtieron con avanzar independientemente en el proceso autonómico si sus pedidos no son atendidos.
En un manifiesto aprobado por la Junta Autonómica Democrática de Bolivia se anuncia la decisión de transitar de un estado de emergencia a otro de “movilización ciudadana para la organización de la resistencia civil y democrática”, ante la amenaza de que la Asamblea no respete el modelo autonómico aprobado en el referéndum del 2 de julio del 2006.
El Comité Cívico cruceño rechaza el Estado plurinarional y la autonomía indígena que promueve la mayoritaria bancada del oficialista MAS (Movimientos al Socialismo) en la Constituyente.
La Junta instruyó organizar “asambleas cívicas departamentales para definir acciones legítimas en defensa del voto por las autonomías departamentales, el Estado de Derecho, la Democracia y la Libertad”, y convocó a las FFAA “a cumplir su rol constitucional” de defensa de la integridad nacional. Para los asistentes, el modelo del MAS, que promueve el reconocimiento de 36 nacionalidades indígenas, pone en riesgo la integridad del país.
En su manifiesto, las cuatro regiones advierten que si la Constituyente no cumple el resultado de la consulta popular, “cumpliremos fielmente el mandato de nuestros pueblos expresado en los cabildos del 15 de diciembre de 2006”. En esa oportunidad se determinó rechazar una Constitución que no respete la voluntad popular de las autonomías departamentales y avanzar en un proceso autonómico independiente en las regiones donde ganó el SÍ en julio del 2006.
Marinkovic, el presidente de la Junta, dijo que además denunciaban “al mundo entero del error histórico del gobierno del presidente Evo Morales” de pretender controlar a los poderes y dividir Bolivia en 36 territorios indígenas y 42 regiones.
La Junta acusó al Gobierno de bloquear a las prefecturas, confiscar los dineros del gas, amenazar el derecho de propiedad “instrumentando la tierra como prebenda”, entrometerse en la Asamblea Constituyente y afectar al Tribunal Constitucional y las autonomías universitarias.
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