El Gobierno italiano presentó en el Parlamento las enmiendas que ponen en marcha la llamada Operación Salva
Berlusconi. Ambos textos desembocarán, según los planes avanzados por el propio Primer Ministro a sus renuentes socios de la Liga Norte, en la suspensión de decenas de acciones judiciales, entre ellas al menos una que toca de cerca al jefe de Gobierno, el caso Mills.
Carlo Vizzini y Filippo Berselli, del Pueblo de la Libertad, presentaron las dos enmiendas que amplían el polémico
proyecto de Ley de Seguridad. La primera manda a los jueces que den prioridad absoluta a los procedimientos penados con cadena perpetua o más de 10 años de cárcel. La segunda prevé suspender por un año los procesos relativos a hechos cometidos antes del 30 de junio de 2002, "que se encuentren en una fase comprendida entre la audiencia preliminar y el juicio oral".
Las medidas son vendidas por el Gobierno como un intento de desatascar la desbordada justicia italiana dando prioridad absoluta a las causas más graves (mafia, terrorismo, accidentes de trabajo). Según la oposición, los medios y los magistrados, esconden el deseo de Berlusconi y su abogado, Niccolò Ghedini, por impedir que el juez milanés que analiza el caso Mills dicte sentencia.
Berlusconi fue imputado por corrupción tras haber sobornado presuntamente con 580.000 euros al abogado británico David Mills para que éste falseara su testimonio en dos procesos, celebrados en 1997 y 1998 contra el magnate de la televisión, de los que salió absuelto. El fiscal pide ocho años de prisión para Berlusconi.
"Esos textos deben ser retirados inmediatamente", dijo Pierferdinando Casini, líder de la Unión de Centro. "Se trata de la enésima ley ad personam" aprobada por Berlusconi, señaló Lanfranco Tenaglia, del Partido Democrático: "Suspensión generalizada de todos los procesos, comenzando por aquellos en los que están imputados el Primer Ministro y sus amigos".
El líder del Partido Democrático, Walter Veltroni, salió de un mes de clamoroso silencio y declaró que "si el Gobierno sigue así, en esta secuencia de incidentes absolutamente excesivos e inaceptables, el clima cambiará".
Según escribía el domingo Eugenio Scalfari en La Repubblica, el primer mes de Gobierno de Il Cavaliere estuvo marcado por "la militarización de la vida pública". A las medidas contra la inmigración ilegal en general y los ciudadanos de etnia gitana en particular, se sumaron otras como la militarización literal de los
vertederos de basura en Campania, y la nueva normativa sobre escuchas judiciales, redactada de urgencia para restringirlas a los delitos penados con 10 años de cárcel.
La última decisión llamativa fue el anuncio del despliegue inmediato de 3.000 militares del Ejército en 10 ciudades durante seis meses prorrogables a un año, para afrontar lo que el Gobierno llama "emergencia de inseguridad".
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