El texto, que deberá ser aprobado de forma definitiva el próximo jueves por los 130 asambleístas que integran la Constituyente, terminó de debatirse en una sesión que duró más de 19 horas, tras resolver un centenar de peticiones para reconsiderar más de cien artículos.
Entre las reconsideraciones se incluyeron asuntos que generaron cierta polémica relacionados con el matrimonio, por la posibilidad que abre para la legalización de uniones entre homosexuales, así como normas que buscan impedir la disminución de las rentas para la región amazónica, una de las más atrasadas del país.
También cuestiones relacionadas la naturaleza, el régimen judicial, normas del buen vivir, educación, biodiversidad y derechos sociales, entre otros.
La sesión empezó a las 12.49 hora local (17.49 GMT) del viernes y concluyó hoy a las 08.35 hora local (13.35 GMT) con unos 80 asambleístas presentes, ya que muchos abandonaron la sala del pleno.
El viernes venidero, la nueva constitución será presentada al Tribunal Supremo Electoral, el cual la someterá a referendo, previsto para el 28 de septiembre. Ese día, la población decidirá si acepta la nueva Carta Magna o mantiene la Constitución que está actualmente en vigor.
De mediar un triunfo en el referendo, la carta magna otorgará mayor control al Estado en la economía, desmantelará el poder de los tradicionales partidos políticos, dará más atribuciones al mandatario y autorizará su reelección.
A la Asamblea le resta resolver una propuesta de régimen transitorio, que sería incluido en la Constitución y que establece los pasos a seguir en caso de ganar el sí o el no en la consulta de septiembre venidero.
Se trata de regulaciones y mecanismos que se aplicarán tras conocerse los resultados del referéndum sobre la nueva Carta Magna, que evitan la existencia de un vacío institucional en el país
El presidente Rafael Correa felicitó en la víspera a los asambleístas por terminar "la constitución en los ocho meses que nos ordenó el pueblo". Mediante la nueva Carta Magna el Gobierno quiere construir el denominado Socialismo del siglo XXI.
Por su parte, Julio Logroño, asambleísta de oposición, lamentó que algunos artículos queden "muy mal redactados" debido a la premura de la mayoría oficialista por cumplir los plazos, por lo que auguró una pronta "reforma constitucional", en caso de ser aprobada.
En lo de fondo, cuestionó que el documento entregue "súperpoderes" al ejecutivo y a una Corte Constitucional que "someterá a la justicia".