La cámara alta, de mayoría oficialista, debatirá el proyecto enviado por el Ejecutivo que preside Cristina Fernández y que el pasado 7 de noviembre obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que impactó de forma negativa en los mercados, cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores pertenecientes al gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista) y de sectores de las opositoras Unión Cívica Radical (UCR) y el socialismo.
De todas formas, los denominados peronistas disidentes anticiparon su voto negativo, al igual que otras facciones de la oposición, como la Coalición Cívica.
Sin embargo, desde la propia oposición aseguraron que los senadores alineados al Gobierno ya cuentan con los votos necesarios para convertir en ley el proyecto, que establece el traspaso de los activos de las Administradoras de Jubilación y Pensión (AFJP) -unos 30.000 millones de dólares- al sistema estatal SIPA (Sistema Integrado Provisional Argentino).
"Lo que estamos haciendo es tomar el modelo que tienen España, Francia, Estados Unidos, que tienen los países serios y desarrollados, en los cuales el seguro social es un pilar público", aseguró el jefe de Gabinete argentino, Sergio Massa.
El funcionario confió en que los senadores darán "un amplio respaldo" a la nacionalización de las AFJP, que permitirá a las cajas del Estado obtener una recaudación adicional de 15.000 millones de pesos (unos 4.500 millones de dólares) al año.
El ex presidente argentino y líder del PJ, Néstor Kirchner, (2003-2007) afirmó la semana pasada que el proyecto es "la decisión más importante" que tomó el Gobierno "desde el 2003 a la fecha".
Kirchner fue denunciado penalmente días atrás por la líder opositora argentina Elisa Carrió, quien lo acusa de encabezar una presunta "asociación ilícita" conformada, entre otras razones, para el manejo irregular de los fondos que pasarán al Estado si se aprueba la reforma de pensiones.
Según Carrió, esta asociación opera en el Gobierno de Cristina Fernández, esposa y sucesora de Kirchner.
Las principales fuerzas políticas de la oposición acusan al Gobierno de querer "hacer caja" con los fondos de la jubilación privada para financiar el gasto público y compromisos de deuda por unos 11.800 millones de dólares que vencen a lo largo de 2009.
Por su parte, el Gobierno insistió en que no desviará los fondos que recibirá en caso de ser sancionado el proyecto, cuyo texto incorporó modificaciones en la Cámara de Diputados a raíz de los reclamos de la oposición.
Miembros del gabinete también aseguraron que el empleo de los trabajadores de las AFJP "está garantizado" al argumentar que el proyecto prevé su incorporación en organismos del Estado.
Sin embargo, grupos de empleados de los fondos jubilación privada consideraron que la propuesta no garantiza las condiciones laborales a los once mil empleados del sector.
Así lo manifestaron este martes durante una reunión con el vicepresidente argentino, Julio Cobos, quien reemplaza estos días a Fernández, que se encuentra en una gira por África.
Cobos, que mantiene fuertes disidencias con el Gobierno, propuso impulsar la creación de una comisión para el seguimiento de la situación de los trabajadores de las AFJP.
El Ejecutivo de Fernández, a quien apoyan los sindicatos, sostiene que el sistema de jubilación privada ha demostrado ser ineficaz y, además, ha causado grandes pérdidas a sus afiliados por el impacto de la crisis financiera mundial.
La rentabilidad de los fondos de pensión privada bajó un 19,11 por ciento en promedio en octubre, una de las caídas más fuertes desde su creación, en 1994, según un informe oficial divulgado este mes.
En tanto, un juez de Nueva York decidió la semana pasada prolongar la congelación fondos que las AFJP tienen en Estados Unidos, que ascienden a 553 millones de dólares, para pagar a bonistas que no entraron en el canje luego de la crisis del 2001.
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