La ley 25.873 establece que las empresas que prestan servicios de telefonía o de Internet, deben guardar durante 10 años la información sobre todas las comunicaciones de los argentinos. "Todas" incluye páginas visitadas, correos electrónicos, chateos y por supuesto las conversaciones telefónicas. La llamda ley espía fue reglamentada, sin embargo, debido a la gran polémica que generó el entonces presidente Néstor Kirchner decidió suspenderla. Sin embargo, lejos de abandonarla, el gobierno siguió peleando su validez en la Justicia. Mientras el abogado Ernesto Halabi denunció el carácter inconstitucional de la misma, alegando que vulnera la intimidad y el secreto de correspondencia.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que el pasado 8 de abril llamó a un debate público, aunque todavía no han definido el día. Sólo seis días después de anunciar la audiencia, Ricardo Lorenzetti, presidente de la CSJN, fue víctima de un hacker.
Aunque todavía no se ha establecido quien es el culpable, desde la Secretaría de Inteligencia SIDE apuntan a un ex empleado de la Polícía de Seguridad Aeronáutica (PSA) Iván Velázquez, un joven espía informático que había trabajado en la propia SIDE hasta 2002. Velázquez tuvo un paso fugaz pero fructífero por la Dirección de Inteligencia Criminal, que hoy depende del ministerio de Justicia.
De aprobarse la ley la SIDE sería el organismo responsable de administrar la información proporcionada por las empresas de telecomunicaciones e internet. Un interrogante a responder es a quien se comprará los equipos para almacenar tana información Ernesto Halabi, el abogado que llevó el caso a la Corte, tiene su teoría. Según él, dos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. vienen reclamando la Ley Espía desde 2003 y son los que la motorizan. "Ya han tenido reuniones en Casa Rosada junto a empresarios interesados en el negocio", dice.
La ley argentina copia a otras sancionadas en Estados Unidos y Europa luego de los atentados del 11S. En caso de Estados Unidos, fueron todavía más allá y autorizaron a la CIA y al FBI a intervenir teléfonos sin autorización judicial.
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