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El gobierno argentino admitió ayer que existió una "inexplicable subfacturación" en una operación de exportación de armas de Fabricaciones Militares a los Estados Unidos, denunciada ayer a través del un diario porteño. La operación, que es investigada por la Justicia, consistió en un intento de venta de 6.700 kilos de fusiles como "material de desguace" a un precio de 2.600 dólares.
"En mi opinión hay una subfacturación que no es explicable. Parece que se trata de una venta a una empresa, que tiene las iniciales del nombre de una persona y que había recibido ya otras cargas. Lo que hay que ver es si hubo habitualidad en este tipo de maniobras", indicó la ministra. Además, dijo que, para ella, existió un intento de contrabando.
De esa manera, responsabilizó a Fabricaciones Militares -que depende del Ministerio de Planificación Federal- por las supuestas irregularidades.
La causa -bajo secreto de sumario- es instruida por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia y por la fiscal Carolina Robiglio. Ya se hicieron allanamientos en dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM, que desde 2006 está en la órbita del Ministerio de Planificación), dijeron las fuentes.
Tiscornia investiga la venta de 6700 kilogramos de fusiles de Fabricaciones Militares a la empresa JLD Enterprises INC, con sede en Connecticut, Estados Unidos, a un precio de sólo 2600 dólares. JLD es propiedad de un argentino llamado José Luis Díaz, de quien ahora se investiga si tiene lazos con algún funcionario de Fabricaciones Militares. Si bien ese último cargamento fue secuestrado por la Justicia, tras una denuncia de la Aduana, hubo al menos dos operaciones anteriores que sí se concretaron.
El material bélico se vendía como "desguace", pero la Justicia sospecha que estaba en condiciones de disparar. De hecho, el comprador tiene un sitio en Internet en el que ofrece material como el que terminó secuestrado.
Según explicó ayer Garré, las carteras de Defensa, de Economía y de Relaciones Exteriores se expedirán cada una por su lado con un informe. Pero remarcó que, en definitiva, "será la Justicia que la que investigue si hubo violación de la ley".
Las explicaciones
El interventor de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, confirmó la existencia de la causa, pero negó que se tratara de un caso de contrabando de armas, como lo considera la Justicia. "No existe un caso como se ha visto en la Argentina en otras épocas. Está bien que la Aduana y que la Justicia investiguen, pero a estas alturas no le veo entidad a la denuncia", indicó el funcionario.
Según explicó Puricelli, el embarque frenado por la Aduana era el tercero de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP).
"Nunca pensé que este embarque podía tener problemas, pero me parece bien que la Justicia y la Aduana investiguen. Nosotros no tenemos nada para ocultar ni para encubrir", indicó el titular de Fabricaciones Militares.
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