Con 42 votos a favor y 20 en contra, los senadores sancionaron la iniciativa impulsada por el gobierno de Cristina Fernández que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas".
Marsans controlaba las compañías desde 2001, año en el que las adquirió de la también española Iberia. Las aerolíneas habían sido privatizadas a principios de la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem.
Según el proyecto, la expropiación apunta a "garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga".
En ese marco, en no más de seis meses, un organismo designado por el gobierno deberá presentar un Plan Estratégico para el funcionamiento de las compañías en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con la iniciativa, se autoriza al Ejecutivo a ceder a los trabajadores el diez por ciento de las acciones de las compañías.
De acuerdo con el proyecto oficial, el gobierno estará obligado a presentarse en todas las causas penales en las que se investiguen delitos que los accionistas mayoritarios, los administradores o aún terceros hubieran cometido en perjuicio del patrimonio de las empresas.
Gerardo Morales, representante del Radicalismo en la Cámara alta, dijo estar de acuerdo con la apropiación sólo de los activos de Aerolíneas, con la creación de una "nueva empresa" y con el inicio de acciones legales a través de la Procuración contra Marsans para "lograr el resarcimiento por los perjuicios causados" por el grupo español.
El peronista Adolfo Rodríguez Saá volvió a postular como solución decretar "la quiebra con continuidad de la empresa", de acuerdo con su dictamen de minoría que no recibió acompañamiento de otros senadores.
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