El Consejo de la Magistratura sigue de cerca el trabajo de los tribunales: tiene causas abiertas contra 203 jueces por presuntos errores o hechos de corrupción que podrían terminar con sus carreras.
Esta proliferación de causas implica la comprobación de la pérdida de confianza de la sociedad en la Justicia. "Es lamentable, pero es lo que los jueces se ganan", dijo la diputada Diana Conti, vicepresidenta del Consejo.
Para los miembros del Poder Judicial, en cambio, el problema no es la cantidad de denuncias que se presentan sino el trámite que les da el Consejo, que investiga muchas que debería rechazar, demora en resolverlas y mantiene "en la cuerda floja" a buena parte de los jueces.
Un dato llamativo es que los expedientes, que duran meses y a veces años, casi siempre terminan igual: archivados y sin sanciones. En 2007 y lo que va de 2008, hubo uno solo juez sometido a juicio político por mal desempeño, Guillermo Tiscornia, y cinco castigados por faltas disciplinarias.
"Un juez necesita tener tranquilidad espiritual para administrar justicia y no la tiene si hay una denuncia en su contra que no se resuelve nunca", dijo el camarista penal Miguel Angel Caminos, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de la Magistratura. "No es bueno que los jueces queden en este grado de dependencia de un cuerpo como el Consejo de la Magistratura", afirmó.
Según Caminos, no hay razón que justifique que casi uno de cada cuatro jueces esté siendo investigado. "Si las denuncias son graves, el Consejo debería haber actuado, pero si no lo son y no las cierran, es por ineficacia o porque, por algún otro motivo, prefieren tenerlas abiertas".
La más vieja de las causas pendientes es contra un juez comercial y tiene ocho años. Tanto se demoró que el acusado se jubiló antes de que se resolviera. Además, hay cuatro expedientes de 2003 -entre ellos, un pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadío-, otros cuatro de 2004 y 14 de 2005.
La lista de los investigados por el Consejo incluye a los tres integrantes de la Cámara Nacional Electoral, casi todos los miembros de la Cámara de Casación, cuatro de los once jueces federales porteños y el juez de la causa Skanska, además de buena parte de la justicia federal de las provincias.
Las denuncias son de lo más variadas. Las hay por desobedecer a superiores, por demorar expedientes, por dejar prescribir delitos, por beneficiar a militares en casos de derechos humanos y hasta por cobrar sobornos.
El poder del Consejo de la Magistratura
Según la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, Cristina Camiña, el problema es que se tramitan muchas denuncias sin fundamento. "Eso genera en los jueces una sensación de vulnerabilidad frente a un Consejo de la Magistratura que hoy es netamente político", advirtió.
Desde la reforma sancionada hace dos años, el kirchnerismo es el bloque fuerte del cuerpo que investiga a los jueces, pero sus cinco votos no le alcanzan para resolver por sí mismo la apertura de un juicio político. Para eso es necesario el acuerdo de nueve de los trece consejeros. Sin embargo, el oficialismo tiene un enorme poder, porque ningún juez puede ser enjuiciado sin el apoyo de al menos uno de los kirchneristas.
Este poder es lo que desvirtuó el sistema, según la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, ex consejera. "El cuerpo ha perdido su verdadera función, que es remover a quienes deben ser removidos. A los jueces corruptos les garantizan impunidad a cambio de favores políticos. Así, se pone a todos en la misma bolsa", denunció.
En este momento hay 244 expedientes en trámite, contra 203 jueces, de acuerdo con el relevamiento realizado por el diario La Nación sobre datos oficiales. Pero el número es aún mayor si se contempla la denuncia genérica de Julio Piumato, secretario del gremio judicial, que acusó a los jueces federales por su "inacción" ante los piquetes de ruralistas durante el conflicto entre el Gobierno y el campo. El Consejo dio curso a esa denuncia y pidió informes a cámaras de apelaciones de todo el país. Entonces, la Asociación de Magistrados denunció la "presión" que significaba la apertura indiscriminada de investigaciones en el Consejo.
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