Luis Abelardo Patti tuvo una corta libertad. Ni bien la Cámara de Diputados de la Nación argentina decidiera quitarle los fueros que le corresponden por ser legislador electo por el voto popular, la policía fue a buscarlo a su casa, para luego trasladarlo al penal de Marcos Paz.
El juez Suares Araujo, quien lo investiga por delitos de lesa humanidad cometidos en los años del gobierno militar que inició en 1976, no hizo lugar al pedido de la defensa del ex comisario, la que había presentado un pedido de eximición de prisión ante el citado magistrado.
La resolución del juez Suares Araujo no fue sorpresa para los abogados defensores de Patti. "Esto era previsible. Estábamos preparados para esto. Es la disposición de una Justicia que deja mucha que desear. Seguiremos haciendo los planteos jurídicos que correspondan para que Patti esté en libertad", señaló al respecto Luis Velazco, abogado defensor del ex comisario.
Luis Patti, por su parte, rechazó la idea de que esté pensando en fugarse. "No soy un delincuente para andar fugándome", afirmó en una entrevista radial. De esta manera, dio por tierra con las especulaciones que diputados y referentes de organizaciones de derechos humanos realizaron el día de ayer, cuando advirtieron sobre la posibilidad de que el ex policía intentara eludir a la Justicia.
Suares Araujo es el juez que el mes de noviembre pasado había ordenado su arresto luego de procesarlo por crímenes de lesa humanidad durante el gobierno militar de 1976, debiendo haberlo dejado en libertad, la semana pasada, por un fallo de la Cámara Federal de San Martín que ordenaba cumplir con lo que días antes había dispuesto la Corte Suprema.
Dos semanas atrás, el más alto tribunal argentino estimó que Patti tendría que haber asumido como diputado en 2005 y que el Congreso se había excedido en sus facultades cuando le impidió jurar en la banca que había ganado en las elecciones de mayo de 2006.
Los delitos que Suares Araujo le imputa a Patti son las "privaciones ilegales de la libertad agravadas" y la imposición de "tormentos" a siete personas, entre 1976 y 1977, cuando era oficial subinspector de la Policía Federal y trabajaba en la comisaría de Escobar. También lo acusan de amenazas y allanamientos ilegales.
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