El servicio de inteligencia colombiano DAS quedó de nuevo en el centro de una tormenta, tras revelarse que espiaba a políticos, periodistas y magistrados, incluso aliados del gobierno, lo que obligó al presidente, Alvaro Uribe, a desmentir haber dado una orden en ese sentido.
La revelación de la revista Semana originó además el pedido de diversos sectores políticos para que se tomen medidas drásticas, incluyendo la de disolver la entidad, que depende directamente del presidente.
Desde 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, el DAS ha sido blanco de múltiples acusaciones de nexos con grupos paramilitares de ultraderecha y espionaje a la oposición.
"Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas", reaccionó
Uribe.
El presidente culpó de las escuchas ilegales a un grupo de funcionarios del DAS que integran "una banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno".
Los seguimientos, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, se hacían a congresistas, periodistas y magistrados considerados opositores, pero también a funcionarios cercanos al mandatario, como su jefe de seguridad y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.
El presidente del Congreso, Hernán Andrade, miembro de la coalición gobernante, reclamó "medidas ejemplares y reformas de fondo, para cortar de tajo la corrupción interna" en el servicio de inteligencia.
El servicio de inteligencia también ha sido acusado de patrocinar incursiones paramilitares a Venezuela y de espiar a los magistrados que investigan a unos 70 congresistas, en su mayoría oficialistas, denunciados por nexos con esas organizaciones.
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