El gobierno envió anoche a la Cámara de Diputados el proyecto para ratificar el acuerdo que firmó con el Grupo Marsans para la reestatización de Aerolíneas Argentinas.
En la Cámara Baja espera el proyecto una oposición que se puso de acuerdo para rechazar esa transferencia en los recintos si antes no se aclara el monto exacto de deuda a asumir, la cantidad de empleados que pasarán al Estado (entre las dos empresas son más de 10.000) y el control que tendrá Julio De Vido sobre la empresa.
En este contexto, el nuevo Jefe de Gabinete, Sergio Massa, deberá garantizar esa ley en el Congreso y seducir a los rebeldes, para lo que habrá incentivos.
El proyecto que envió la Presidenta Cristina Fernández al Congreso establece una cesión de 10% de las acciones a los empleados, que también pagará el Estado y la autorización para que se modifique el Presupuesto Nacional habilitando los fondos para la compra. Habrá maquillaje fiscal -lo establece la propia ley- para que el mayor gasto que insumirá la compra no complique el superávit de este año: directamente no se computarán los fondos utilizados.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, explicó el proyecto que tiene por objeto “el rescate de las compañías con la compra de las acciones” en una conferencia de prensa junto al gerente general de Aerolíneas Argentinas, Julio Alak.
Un dato poco difundido es que el acta acuerdo firmada con Marsans no tuvo dictamen de la Procuración del Tesoro antes de viajar al Congreso. Ese será uno de los puntos que atacará la oposición.
Oposición en contra
Frente a la compra de la empresa asumiendo una deuda de 900 millones de dólares, los 10.000 empleados que la integran y el control irrestricto de la aerolínea que se le da a De Vido, casi toda la oposición ya decidió que no ayudará al gobierno en el recinto. El radicalismo, la Coalición Cívica, el macrismo y el socialismo están dispuestos a no dar el voto a favor del proyecto y convertir la discusión por Aerolíneas Argentinas en una guerra similar a la que generó la Resolución 125.
El proyecto que el gobierno envió ayer al Congreso establece que “para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga en el ámbito de la República Argentina, se dispone por esta ley el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur SA por compra de sus respectivas acciones”.
Antes que la reestatización se lleve adelante el Tribunal del Tasaciones deberá valuar la empresa con el control de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Finalmente el “precio a que se arribe” será autorizado nuevamente por el Congreso. El proyecto establece que una vez cumplidos esos pasos se aprobará la adquisición de las acciones al Grupo Marsans.
Problemas de las aerolíneas
A pesar de la euforia que el Gobierno le insufló esta semana al anuncio de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, los problemas que en los últimos tiempos venían mostrando ambas compañías podrían incrementarse.
Ante la consulta sobre las operaciones para las vacaciones de invierno, el Ministro De Vido contestó que sólo estaban aseguradas para los próximos seis días.
“Tenemos garantizado el normal servicio hasta el 31 de julio y en agosto trabajaremos en el día a día para afrontar ese período de alta demanda”, dijo De Vido en relación con las vacaciones de invierno hablando ya como propietario de la empresa.
Otra dificultad radica en que De Vido insistió en una pretensión que el sector aerocomercial argentino ve con cierto escepticismo: el Gobierno prevé la incorporación de capital privado en la empresa, aunque eso no implica, dijo, que el Estado "vaya a desentenderse del servicio".
Analistas, sindicalistas y ejecutivos de la industria afirman que será complicado encontrar un socio en el corto plazo, dadas las dificultades que tiene la empresa y la complejidad del sector, cuyos costos crecen por el aumento en el precio del petróleo.
La postura en favor de la incorporación de capital privado contrasta con las aspiraciones de la mayoría de los representantes sindicales de la compañía, que señalaron en varias ocasiones su apoyo a una aerolínea completamente estatal.
En el sector privado calculan que los plazos para sanear la compañía y ponerla en funcionamiento como corresponde para hacerla atractiva a inversores independientes será de al menos de unos dos años.
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