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"Está probado" que Jaime viajó en compañías que debía controlar

El ex fiscal, Manuel Garrido aseguró que el renunciante funcionario realizó viajes privados a Córdoba y Brasil, y que nada tenían que ver con su trabajo. Responsabilizó también al Gobierno y al Congreso.

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El ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido aseguró que está "probado con libros" que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime realizó viajes personales, a un costo anual de "350 mil pesos", en aviones de compañías a las que, por su función, debía controlar.

Garrido, además, dijo anoche que "hay un mecanismo de cobertura inadmisible en el sistema democrático" que permite a un funcionario incurrir en esas acciones, que debieron ser controladas por el "superior" de Jaime.

"Es una investigación que inicié cuando era fiscal. La denuncia, que la efectivizamos a principios de este año, demuestra que en 2007 el ex funcionario realizó viajes privados a Córdoba y Brasil, y que nada tenían que ver con su trabajo. Los vuelos eran pagados por empresas que debía controlar", remarcó.

El ex funcionario dijo la radio Cadena 3 que Jaime tuvo una conducta "que no debería haber tenido. Es un conflicto de intereses. Es un verdadero fenómeno de captura del Estado. Esta denuncia la pudimos probar con los libros de las empresas que Jaime debía controlar donde figuraban los remitos y facturas de los viajes", remarcó.

Consultado sobre si el ex secretario de Transporte desmintió la denuncia, Garrido señaló: “No lo ha hecho porque nunca fue llamado a indagatoria”.

Garrido responsabilizó por lo que denominó "irregularidades" al Gobierno y al Congreso.

"Lo interesante, más allá del escándalo y la vergüenza de un funcionario público, es analizar los mecanismos de quienes no controlan su responsabilidad política. El Congreso no hizo nada en su momento y el propio Gobierno lo ocultó. Son mecanismos que no están funcionando", describó.

Jaime, responsable del manejo de al menos 500 millones de pesos al mes para subsidios al transporte público, tiene 16 denuncias penales en su contra, por causas vinculadas a su función.



 
 
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