Hoy a las 14 se reunirá la Comisión de Disciplina para estudiar el caso. Luego el tema pasará al plenario, que tendrá 60 días corridos para decidir si se le aplica una sanción administrativa o se convoca a un jury para un juicio político.
Las sanciones administrativas pueden ir desde un simple apercibimiento hasta una multa del 30% del salario de la jueza.
En cambio, si se abre la instancia del juicio político, el jury tendrá otros 90 días para resolverlo. Según el artículo N° 122 de la Constitución porteña, "las causas de remoción son comisión de delitos dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad física o psíquica".
Mientras el Consejo no resuelva, la jueza podrá seguir trabajando. Según explicaron en el organismo, sólo el Jury podría decidir una suspensión provisoria al iniciar el proceso del juicio político.
Más allá de la causa en el Consejo de la Magistratura, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, también denunció a Parrilli por las amenazas y la discriminación a las empleadas, María Gómez e Itatí Albe.
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