Solo una ruptura de la nueva mayoría en el Congreso le abriría este camino al Gobierno. Sin embargo, el anuncio del último DNU, en medio de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, contribuyó a solidificar esa mayoría o, al menos, a que la misma no se derrumbe frente a la obstinación gubernamental por ignorar el papel clave del Congreso en el manejo de la deuda.
La forma en que la nueva –y heterogénea- mayoría se asignó el control de las comisiones del Senado (en parte justificado por el abandono del recinto por el oficialismo y la pérdida de quórum cuando ya se había cumplido con la primera parte del acuerdo al que habían llegado los portavoces de los distintos bloques), permiten suponer que, al menos en el tratamiento de este tema, el Gobierno no conseguirá llevar adelante sus planes. Además, la arremetida judicial de la oposición contra los DNU y contra quienes los instrumenten y la evidencia de que los argumentos del Gobierno ya no encuentran oídos copmplacientes en los tribunales, terminan de cerrarle el paso a las posibilidades de hacerse de nuevos fondos por esta vía.
Para colmo, el proyecto de modificar los porcentajes de distribución de los recursos del impuesto al cheque, asignando más fondos a las provincias (lo que implica darles mayor autonomía frente al gobierno nacional) abre la puerta a la posibilidad de que la rebelión se extienda y no sean solo los opositores quienes enfrenten al Gobierno nacional sino también algunos de los gobernadores que aún le son fieles.
La visión desde la oposición es sencilla: los Kirchner construyeron su poder usando y abusando de los fondos públicos, privándolos de ellos y sometiéndolos a los controles que indican las leyes, les cortamos las posibilidades de seguir construyendo poder y les impedimos avanzar por el camino de la inflación galopante y la caída brutal de la inversión en que nos encontramos. Mientras tanto les damos mayor poder a los Gobernadores para que saquen a sus provincias del marasmo financiero a las que las condenan el manejo centralizado de los fondos públicos.
El problema es que los Kirchner nunca han gobernado bajo este tipo de esquema institucional, que no están dispuestos a hacerlo y que su visión dualista de la sociedad les impide aceptar que pueda haber negociación y transacción con el adversario. Esto crea una situación política extremadamente grave.
Dejemos de lado los epítetos y las calificaciones del adversario. Paremos de hablar de “populismo”, “chavismo”, “enemigos del Patria”, “derecha o izquierda” y tratemos de mirar la situación con cierta perspectiva. Si esta situación no cambia a breve plazo las perspectivas son las siguientes.
El Gobierno puede movilizar a sus fieles: algunos gremios muy fuertes (camioneros, taxistas, municipales, aeronáuticos); algunos “movimientos sociales”; un número decreciente de intendentes municipales del Gran Buenos Aires; las madres, abuelas, hijos y otras agrupaciones de víctimas de la dictadura militar; unos pocos intelectuales e ideólogos desgastados por el fracaso de las mayor parte de los proyectos en que participaron (INDEC, Biblioteca Nacional, canales oficiales de TV, etc). Son grupos heterogéneos, cuya capacidad de movilización muchas veces depende del uso de recursos que, aparentemente, comienzan a faltar y que se aplican a movilizar un tipo de actores de los que se afirma que ya se sienten desgastados de tanta movilización sin fines precisos. Son sectores, además, que cuanto mayor ruido produzcan o daño generen, mayor reacción provocarán en otros sectores de la sociedad que hace rato que han abandonado a este gobierno: “el campo”, las clases medias urbanas, el empresario que no vive de los subsidios o las prebendas, el grueso de la prensa, la mayoría de los partidos políticos. A pesar de ello, no se debe descartar que el Gobierno vaya por esta vía de la confrontación, la que además incluiría el veto a cuanta iniciativa del Legislativo le quitase manejo de fondos o poder de decisión. Esta estrategia incluiría, además, nuevas iniciativas, como una ley de entidades financieras o la revisión de las leyes electorales (algo que también podría suceder por vía judicial si el Gobierno deja pasar algunos fallos sin apelar), cuyo objetivo último sería debilitar al frente opositor y tratar de ganar espacio para seguir con la misma política actual.
Por esta vía hay tres caminos posibles: que se “caiga” el frente opositor, el Gobierno tenga éxito y pueda seguir adelante con sus políticas de construcción de poder; que el Gobierno fracase y se encuentre en una situación de debilidad extrema; que haya una especie de “empate” y las controversias y el caos institucional se prolonguen en el tiempo.
El segundo escenario posible, es que la sucesión de derrotas en el Parlamento y de fallos judiciales desfavorables y el creciente abandono de aliados, lleven a corto plazo a una situación ante la cual el matrimonio presidencial opte por el abandono del poder, posiblemente, después de una corta etapa de confrontación destinada a demostrar que se van porque no los dejan gobernar y a pesar de contar con cierto apoyo popular.
Cualquiera de estos dos escenarios son, por lo menos, traumáticos, para las instituciones, para los propios actores y, especialmente, para la sociedad, para la gente que va a sufrir las consecuencias de un nuevo deterioro económico y social y va bajar un escalón más en su confianza en la política, los partidos y las instituciones de la Democracia.
¿Queda un tercer camino? ¿Puede intentarse un acuerdo que lleve al Gobierno a limitar sus ambiciones, calmar su espíritu confrontativo y permitir un juego más racional de los mecanismos institucionales? ¿Puede haber un acuerdo que lleve a la oposición a evitar el revanchismo y a comprender que un gobierno de estas características, si se siente acosado y derrotado, puede adoptar actitudes y tomar medidas casi sin medir los costos sociales? Si este camino fuera posible ¿quién puede ser el mediador? ¿cuál puede ser el ámbito de la negociación? ¿cuáles pueden ser las bases del acuerdo?
Si no hay respuestas a estas preguntas solo quedan los dos primeros escenarios en pié, o una complicada combinación de ambos. Los tiempos urgen y nuestros dirigentes (políticos, sociales, sindicales, empresariales) deben comprender que de seguir por esta vía, vamos a un nuevo 2002 o quizás a una confrontación social de peores consecuencias que la que se pudo evitar entonces in extremis.
por Juan Carlos Sánchez Arnau
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