La jueza federal Claudia Rodríguez Vidal, la misma que hace dos años había ordenado al Gobierno publicar las metodologías y estadísticas que usa el Indec, suspendió ayer el polémico decreto presidencial 298/10, que autorizaba el uso de 6500 millones de pesos de reservas del Banco Central para pagar deudas, informó el diario La Nación, que menciona fuentes judiciales.
De esta forma, el Gobierno no podrá disponer de los fondos de la entidad monetaria, a no ser que el Congreso de la Nación ratifique el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), algo que parece complicado dado los avances del arco opositor para anularlo la semana próxima.
El fallo de la jueza "sólo se conocerá hoy", sostiene el matutino. Sin embargo, la sentencia no alcanza los pagos que puedan hacerse mediante el decreto simple 297/10 a los organismos internacionales, indica La Nación, por unos 4.382 millones de dólares. Se descuenta que el Gobierno apelará la decisión.
La magistrada resolvió que el derogado decreto 2010/09, por el cual la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió en diciembre último usar reservas del Banco Central para pagar deuda, y el decreto 298/10, que lo reemplazó el lunes último, son sustancialmente idénticos.
Rdoriguez Vidal acogió los planteos formulados por Graciela Camaño (PJ disidente) y por Gerardo Morales y Ricardo Gil Lavedra (UCR) y entendió que corresponde extenderle al nuevo decreto los efectos de aquellas medidas cautelares dictadas en enero por otro juzgado.
El nuevo decreto de necesidad y urgencia firmado por la Presidenta creó el Fondo de Desendeudamiento Argentino y dejó sin efecto el Fondo del Bicentenario que generó tanta polémica y provocó la traumática salida del ex titular del Central, Martín Redrado.