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Con carteles en los que figuraba el nombre de cada trabajador asesinado, más de un centenar de personas se congregó a las puertas de la legación diplomática para 'hacer saber al Gobierno colombiano que los parlamentarios y sindicalistas británicos están pendientes' y esperan que se tomen medidas, según declaró a Efe Graham Copp, portavoz de la campaña Justicia para Colombia.
El presidente de la campaña y secretario general del Sindicato de Periodistas del Reino Unido, Jeremy Dear, hizo entrega de una carta en la que se pide al Ejecutivo del presidente colombiano, Alvaro Uribe, que acabe con la impunidad de los ejecutores.
'Ni una sola persona ha sido procesada por estos brutales asesinatos', denuncia la misiva, que recuerda que el último informe de derechos humanos de la ONU señala al Ejército como responsable de 'un creciente número de muertes de civiles'.
Según la campaña, que agrupa a 53 organizaciones con 11 millones de afiliados, concretamente 'el Batallón de Alta Montaña ha sido responsable del asesinato de numerosos sindicalistas agrícolas', indicó Copp.
Los sindicalistas 'son un objetivo del régimen de Uribe y de las organizaciones paramilitares asociadas' porque, en su defensa de los derechos de los trabajadores, 'están en primera línea promoviendo el cambio social', explicó.
Decenas de parlamentarios laboristas vinculados a los principales sindicatos del Reino Unido apoyan la campaña a favor de los derechos humanos y sindicales en Colombia desde su fundación hace cuatro años.
'Colombia es el lugar más peligroso del mundo para ser sindicalista', dijo a Efe el presidente del grupo parlamentario laborista, Tony Lloyd, quien instó a países como el Reino Unido y España, con estrechas relaciones con Colombia, a 'ejercer presión para que se respeten los derechos humanos y se ponga fin a la impunidad'.
Aunque el Gobierno colombiano reduce a 25 las muertes de sindicalistas en el 2006, Justicia para Colombia asegura que esa cifra se eleva a 84, un 20 por ciento más que el año anterior, según datos recopilados por los sindicatos colombianos y organizaciones de derechos humanos.
Entre esos 84, cuyos nombres se precisan en una lista entregada hoy en la embajada, se cuentan 40 profesores y 11 trabajadores del campo, los colectivos más afectados por la represión, según la campaña.
Las cifras de las muertes se conocen cuando se lleva a cabo en Colombia una investigación sobre los presuntos vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha de numerosos políticos colombianos, en su mayoría de partidos y movimientos afines a Uribe, en la que se ha visto implicada la ex ministra de Exteriores María Consuelo Araújo.
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