La ley determina que organizaciones con más de cien empleados deben emplear minusválidos en una proporción del 2 por ciento y del 5 por ciento las que tienen una fuerza laboral de más de mil trabajadores.
La búsqueda de esos trabajadores se intensificó en 2004, cuando el decreto que reglamentó la ley 8.213 definió parámetros más específicos para el concepto de deficiencia física.
Pequeños problemas auditivos o visuales, por ejemplo, no fueron más aceptados por las autoridades laborales. Desde entonces, 8.500 compañías fueron fiscalizadas por el Ministerio del Trabajo y las multas aplicadas en todo el país ya superan el millón de reales (unos 465.000 dólares).
En su defensa, las empresas alegan dificultades para contratar personal especializado. El censo oficial de 2000, que calculó la población brasileña en 169.590.693 personas, estableció a la vez que el 14,5 por ciento era compuesto por minusválidos.
De los 24,5 millones con limitaciones contados en 2000, el 78,7 por ciento dijo tener, como máximo, siete años de estudio básico. "De nada sirve buscar mano de obra calificada, porque ese segmento quedó por mucho tiempo al margen (del mercado laboral). Hay que incluirlos y prepararlos. Ese desfase no será resuelto en el corto plazo", dijo al diario económico Jorgete Leite Ramos, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Recursos Humanos, informó EFE.
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