Legisladores izquierdistas mexicanos ocuparon ayer las tribunas del Senado y la Cámara de Diputados y prometieron no moverse de allí hasta que se haga un debate nacional sobre el futuro del petróleo en México, en un intento de impedir la discusión parlamentaria de la reforma energética del presidente Felipe Caladerón.
La protesta obligó a cancelar la sesión del día en ambas cámaras y deja en el limbo la reforma energética presentada el martes por el presidente mexicano, Felipe Calderón, la cual fue turnada ayer por el pleno del Senado a la Comisión de Energía.
El senador Ricardo Monreal, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), subió junto con otros 15 senadores a la tribuna del Senado en lo que, afirmó, fue el inicio "de la resistencia civil pacífica" de la oposición contra el proyecto, mientras sus correligionarios hacían lo mismo en la cámara baja.
Decenas de diputados opositores cubrieron la tribuna de su cámara legislativa con una inmensa pancarta con la leyenda "Clausurado" y algunos establecieron un perímetro vistiendo cascos similares a los que usan los empleados de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Monreal acusó al oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), primera fuerza en el Senado, de querer "impunemente entregar al extranjero y a los dueños del capital el recurso (petróleo) de todos los mexicanos", y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tercera formación, de "prestarse a entregar Pemex".
La izquierda pretende que antes de que se analice en comisiones el proyecto, haya debate nacional sobre el tema, un punto que debía discutirse hoy en el pleno del Senado después de que los principales partidos políticos llegaran a un acuerdo anoche, pero que finalmente no prosperó.
La acción reivindicativa recordó a otras imágenes del congreso en 2006, cuando Calderón asumió el cargo de presidente ante un Legislativo ocupado durante tres días por los diputados de su partido, que cuidaron la tribuna ante los intentos del PRD de apoderarse de ella para evitar la investidura.
El proyecto
La reforma del Gobierno busca dar a Pemex mayor autonomía y flexibilidad para contratar obras y proyectos con empresas privadas.
De esta manera, Pemex podría, por ejemplo, pactar con terceros la construcción de refinerías para disminuir la dependencia del país a las gasolinas importadas y contratar proyectos en aguas profundas del Golfo de México, donde el Gobierno asegura están el 55% de las reservas petroleras del país.
Además, entre sus aspectos novedosos, la reforma introduce los llamados "bonos ciudadanos", títulos de deuda de Pemex accesibles sólo a mexicanos que darán rendimientos con base en el desempeño de la compañía.
La izquierda se opone a este proyecto porque asegura que es el primer paso para la privatización de la industria petrolera del país, nacionalizada hace 70 años en México, aunque el Gobierno de Calderón rechaza esa posibilidad.
"Estamos en este momento en la peor crisis de la historia del país, por este intento de saquear los recursos de nuestra nación", aseguró Monreal, del PRD, formación que encabeza el movimiento político Frente Amplio Progresista (FAP), integrado además por Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), todos de izquierda.
Este frente de agrupaciones tiene 156 de los 500 diputados y 36 de los 128 senadores.
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