"Esto es una muestra de apertura del Estado ecuatoriano a las empresas y aspiramos el mismo nivel de apertura de las empresas," dijo a Reuters el ministro.
La propuesta se dio después de que la Petrolera Repsol-YPF demandara a Quito ante un tribunal del Banco Mundial por la aplicación de una reforma legal que establece que el Estado se puede quedar con el 99 por ciento de las ganancias extras, derivadas del alto precio del petróleo. La demanda de la petrolera española hace parte de una serie de reclamos interpuestos por varias empresas extranjeras.
Con esta iniciativa del gobierno, se pretende abrir el camino para que las compañías privadas que operan en su jurisdicción retiren las demandas presentadas en contra del país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Chiriboga informó que la propuesta consiste en disminuir las el porcentaje de ganancias extra y ubicarlo en en un 70 por ciento.
A su vez, la demanda pretende la integración de un tribunal arbitral para neutralizar los efectos de la norma, que fue aprobada en el 2006 y que estableció un reparto inicial de al menos 50 por ciento de los ingresos entre las empresas privadas y el Estado.
Después de esta medida, en 2007, el presidente Rafael Correa elevó la participación estatal al 99 por ciento, lo que despertó una ola de críticas y un descontento generalizado en las petroleras extranjeras.
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