La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó de la adquisición en una nota publicada en los principales diarios, en la que confirma que el Estado boliviano ya controla las acciones de las tres empresas petroleras que habían sido privatizadas en los años noventa.
Se trata de la petrolera Andina, la filial boliviana de Repsol YPF, la empresa petrolera Chaco, que hasta ahora estaba en manos de la estadounidense Pan American Energy y del grupo British Petroleum, y de la operadora de gasoductos Transredes, que pertenece a la sociedad de capitales británica Ashmore.
'Este 1 de mayo, día de los asalariados de Bolivia y el mundo, el Gobierno ha determinado dentro de su política económica gradual (...) adquirir los bonos de Transredes, Chaco y Andina, con el que selló la mayoría accionarial que alcanza al 50 por ciento más uno de las acciones', precisó.
El presidente boliviano se reunió durante la jornada en el palacio presidencial Quemado, de La Paz, con su gabinete, donde definió los detalles del decreto con el que el Estado boliviano se constituyó como propietario de la mayoría accionaría de tres empresas capitalizadas y otra privatizada hace una década.
A la medianoche había vencido plazo que el propio gobierno se había impuesto para tomar el control accionario (50% más uno) de las petroleras Andina, Chaco (British Petroleum) y Transredes (Ashmore), y para la compra de CLHB.
En este marco, las capitalizadas Chaco y Transredes habían informado apenas se cumplió el citado plazo que sus instalaciones en Santa Cruz eran custodiadas por policías. En este sentido, fuentes del sector informaron que la intención del Ejecutivo era evitar que se extraigan documentos u otro tipo de bienes de las empresas.
Otras fuentes indicaron que la custodia policial fue impuesta también en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB).
Transredes, además, aseguró que las estaciones de Choreti, Abapó y Parotani habían sido militarizadas. Las primeras están en Santa Cruz y la última en Cochabamba. La Razón, diario de Bolivia, se acercó a Parotani, en el valle, y no encontró militares ni policías, pero los guardias de la empresa informaron que funcionarios de YPFB intentaron ingresar a la estación, y que se les impidió el acceso.
Freddy Mackay, comandante del Ejército, informó, por su parte, que no se dio ninguna orden para militarizar instalaciones petroleras. Dicha orden proviene del presidente, y no fue dada ayer por él.
El gerente de Relaciones Institucionales de Chaco, Juan Callaú, informó que hoy se dará a conocer el resultado de las negociaciones con el Ejecutivo.
La estatal boliviana YPFB requiere de unos 214 millones de dólares para controlar las cuatro empresas capitalizadas que operan en el país hace más de una década.
La recuperación del control de esas empresas es la premisa principal del gobierno y se enmarca en la nacionalización de los hidrocarburos, decretada por Morales en mayo de 2006, según dijo recientemente el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
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