La compañía brasileña Norberto Odebrecht confirmó anoche que aceptó las exigencias del Gobierno ecuatoriano para solucionar el conflicto por supuestas fallas estructurales en una hidroeléctrica que construyó en ese país y dejar así sin efecto la expulsión ordenada por el presidente Rafael Correa.
En un comunicado emitido el miércoles en Sao Paulo, Odebrecht señaló que, como líder del consorcio responsable por las obras de la hidroeléctrica de San Francisco, integrado también por las empresas Alstom y Va Tech, "confirma que aceptó los términos exigidos por el Gobierno ecuatoriano para firmar el Acuerdo de Compromisos".
Según la constructora, "el acuerdo ya fue firmado por la empresa y entregado a las autoridades ecuatorianas".
Correa había anticipado el pasado sábado la presentación por Odebrecht de una propuesta en la que aceptaba todas las exigencias del Ejecutivo para solucionar el conflicto por la paralización de la hidroeléctrica desde principios de año y había dicho que la estudiaría.
En una rueda de prensa que dio ayer en Manaos después de reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Correa volvió a referirse al tema y destacó la existencia de "nuevos elementos" para un acuerdo, en referencia a lo aceptado por la compañía.
Odebrecht afirmó en el comunicado de hoy que el documento entregado a las autoridades ecuatorianas prevé "el pago de gastos resultantes de los trabajos de corrección de los problemas verificados" en el túnel de la hidroeléctrica, así como en algunos componentes electromecánicos, independientemente de la investigación de responsabilidades.
También se comprometió a "extender la garantía" por un año más contra defectos de las obras civiles y dar otra por cinco años en las reparaciones que se hagan.
Igualmente transferirá a Hidropastaza, empresa contratante de la obra, la garantía adicional de los equipos y depositará 43,8 millones de dólares para cubrir eventuales responsabilidades que sean atribuidas al consorcio por un peritaje internacional independiente.
El pasado 23 de septiembre el Gobierno ecuatoriano ordenó la militarización de las obras de Odebrecht y prohibió la salida del país de sus directivos por supuestamente incumplimiento de los trabajos de reparación en la hidroeléctrica San Francisco.
Odebrecht, que opera en Ecuador desde hace 21 años, tiene en construcción en ese país dos hidroeléctricas, un aeropuerto y un sistema de irrigación.
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