¿Dónde está el límite entre la seguridad alimentaria y el proteccionismo ante este tipo de epidemias? Por estas horas, esta pregunta ronda en la cabeza de muchos especialistas de comercio y de las autoridades sanitarias.
Por un lado, los países tienen la potestad para tomar medidas para proteger, en el caso de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), a sus consumidores y su ganadería, exigir el cumplimiento de normas extra rigurosas, y no dar el brazo a torcer digan lo que digan los organismos internacionales.
Por el otro, las cuestiones sanitarias y fitosanitarias han sido empleadas históricamente como barreras no arancelarias para proteger los mercados locales.
Vayamos al caso de Japón y los Estados Unidos, y de la carne, por supuesto. El país asiático es un comprador neto de este bien. Clausuró sus fronteras a los embarques norteamericanos en 2003 luego de ser confirmados los casos de vaca loca en ese territorio, y desde entonces impuso reglas rígidas que en la práctica han impedido que Estados Unidos venda carne en su país.
En diciembre de 2005 Japón levantó la prohibición, pero un mes más tarde la reanudó tras encontrar trozos de espinazo en un envío y desde julio de 2006 abolió el veto de forma condicional.
Japón, a diferencia de otros países que limitan la edad de las reses para carne de consumo a 30 meses, ha fijado 20 meses o menos. Además, está prohibido que los cargamentos incluyan huesos, órganos o sesos.
Según el Ministro Portavoz japonés, Yasuhisa Shiozaki, las dos partes deberán tomar medidas “con bases científicas” y teniendo en cuenta criterios de seguridad de los alimentos que inspiren confianza en el consumidor.
Hasta el año 2004, el capítulo sobre EEB del Código Sanitario de la OIE describía cinco estatus de riesgo: libre; provisionalmente libre; riesgo mínimo: riesgo moderado, y riesgo alto. Pero a partir de 2005, ese capítulo fue modificado y ahora los estándares de riesgo propuestos por la OIE son sólo tres: insignificante (o despreciable), controlado e indeterminado.
Esa modificación fue promovida por representantes de Estados Unidos, porque a partir de la misma las autoridades comerciales norteamericanas tendrían –se supone– un mayor respaldo técnico para lograr reabrir todos los mercados que se mantienen cerrados desde la detección del primer caso de EEB en su territorio (diciembre de 2003).
Pero en Japón no confían en los controles estadounidenses, y en Estados Unidos presionan para que el reconocimiento se extienda a uno de sus principales mercados antes de que se diera el primer caso de vaca loca. El dilema está servido.
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