La Comisión Europea acusó a España de "falsea la competencia" en el mercado comunitario al ofrecer ventajas fiscales ilegales a las empresas españolas que adquieren un negocio en Europa y le ordenó suprimir ese régimen, y ha ordenado la devolución de parte de las ayudas de las que se han beneficiado empresas como Telefónica o Iberdrola desde finales de 2007.
Al término de una "profunda" investigación, iniciada en octubre de 2007, la Comisión concluyó que el régimen fiscal en cuestión "falsea la competencia en el mercado único" al otorgar "una ventaja injustificada" a las empresas españolas, especialmente cuando se trata de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA).
Las deducciones fiscales permiten a las compañías españolas amortizar la diferencia de precio de la adquisición, por ejemplo, con la depreciación tras un período de tiempo de la suma inicial de la compra de una compañía según el valor del mercado de sus activos.
De esta forma, las empresas españolas pueden permitirse presentar ofertas más cuantiosas que sus competidoras de otros países de la Unión Europea que no se benefician de un dispositivo similar.
La CE ha ordenado a España la abolición inmediata de este sistema y la devolución "de todas las ayudas concedidas bajo este régimen" para las adquisiciones de compañías comunitarias desde el 21 de diciembre de 2007.
"Esta disposición fiscal otorga una ventaja discriminatoria a las empresas españolas a la hora de adquirir acciones en otras empresas europeas", deploró la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes.
La investigación arrancó tras una serie de denuncias sobre operaciones europeas en las que habían participado empresas españolas, como Telefónica en O2, Iberdrola en Scottish Power, y licitaciones en las que compitieron Sacyr, Albertis y Cintra para la concesión de autopistas en Francia.
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