El Comisionado de Transporte Antonio Tajani dijo en una entrevista con The Associated Press que el estudio demorará semanas, y que se citará a declarar los funcionarios del gobierno italiano en caso necesario.
El gobierno italiano aprobó la medida, en forma de decreto, a fines del mes pasado al cambiar la ley de bancarrota para ajustarla a las necesidades de Alitalia.
La medida corre peligro de ser considerada una forma de ayuda estatal, que Alitalia no puede recibir bajo las normas de la UE. La entidad investiga ya si esas normas fueron violadas en la concesión de un crédito gubernamental a la aerolínea otorgada a Alitalia en abril para mantenerla como entidad viable.
"Examinaremos el texto palabra por palabra", prometió Tajani. "Además, evaluaremos su adopción", advirtió.
"Mi actitud no será si persecutoria ni indulgente", dijo durante un descanso en la conferencia de dirigentes políticos y empresariales efectuada en este balneario norteño italiano junto al lago Cuomo. "Ni atacaremos ni defenderemos. Solamente trabajaremos para cerciorarnos de que Italia ha respetado las normas de la UE".
El decreto gubernamental fue presentado a la UE antes de su adopción en el consejo de ministros del 28 de agosto, dijo Tajani.
El decreto permitió a Alitalia declararse al día siguiente insolvente y en bancarrota al amparo de acreedores.
La medida fue un paso crucial en el plan ideado por el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi para reestructurar Alitalia, una empresa que perdió 2 millones de euros (3 millones de dólares) diarios y que sufría incesantes acosos laborales, la competencia de las aerolíneas de bajo costo y, últimamente, el encarecimiento de los combustibles. Sus acciones había sido suspendida desde junio en la contratación bursátil.
Bajo el plan, los bienes rentables de Alitalia serán adquiridos por un grupo de inversionistas italianos dispuestos a inyectar 1.000 millones de euros (1.500 millones de dólares). El resto, los bienes deficitarios, serán liquidados.
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