La información fue brindada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, junto al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en la vereda del Ministerio, donde mantuvieron un breve diálogo con la prensa y entregaron la copia del acta compromiso entre el Gobierno y cinco gremios aeronáuticos.
Jaime dijo que "mañana nos vamos a presentar ante el juzgado que está llevando el concurso respectivo, informando de esta situación y, a su vez, pidiendo la continuidad de las operaciones".
Tomada expresó en la recova de Trabajo que "las organizaciones gremiales han dispuesto garantizar el normal funcionamiento de los servicios durante un lapso de 60 días".
De esta manera, las salidas programadas para las vacaciones de invierno no correrían peligro, si bien los mismos delegados gremiales advirtieron que no se harán cargo por los inconvenientes que genere la falta de insumos y repuestos.
De la reunión celebrada en la sede laboral participaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quienes tras el cónclave aseguraron que recurrirán al Juzgado Número 15, que entiende en el concurso preventivo de la compañía, a fines de que resuelva el conflicto salarial de los trabajadores y garantice la continuidad de la empresa.
"El juez facilitará la liberación de fondos para el pago de haberes", expresó Tomada ante los medios al retirarse del lugar, para luego aclarar que a esos fines se utilizará "un crédito que estará disponible". Es decir que otra vez el Estado deberá hacerse cargo del incumplimiento en los pagos del grupo español Marsans, que según los gremialistas adeuda "sueldos y aguinaldo".
El titular del gremio de los Aeronavegantes, Ricardo Fresia, ratificó por su parte tras la reunión el acuerdo y aclaró: "No se ha hablado nada de intervención, pero la Justicia deberá resolver lo necesario para que la empresa se normalice".
Tras manifestarse conforme con la actitud del Gobierno, Fresia expresó los motivos de su preocupación y la de los demás delegados al decir no sólo que "hay 9000 familias que dependen de esto", sino también que "se está volando en condiciones cada vez más precarias" y que "la compañía está en una situación de asfixia financiera".
El sindicalista indicó que pese a todo "la seguridad está garantizada", aunque dejó entrever que esto podría no ser así de seguir padeciéndose la falta de insumos y repuestos que desde hace un tiempo afecta a Aerolíneas y Austral debido a las deudas que el Grupo Marsans mantiene con varios proveedores
Las operaciones de la empresa volvieron ayer a ser caóticas. Vuelos suspendidos por una asamblea gremial, sueldos impagos desde hace una semana, quejas de usuarios varados y media flota de aviones en tierra. Una anécdota insólita ejemplifica el contexto: Enrique Meliá, director general de Aerolíneas, viajó ayer a Santiago de Chile, por cuestiones de trabajo, en un vuelo de la competidora LAN.
Encumbrados funcionarios argentinos confirmaron que la intervención de la empresa está resuelta. "Está en proceso", dijo uno que conoce como pocos la relación entre la Argentina y España y que agregó que el anuncio podría ser hecho en las próximas horas por Cristina Kirchner. Fuentes diplomáticas del gobierno español fueron más cautas: dijeron desconocer por completo la decisión.
La intervención de la empresa, cuyos directivos se mantuvieron ayer en silencio, es un viejo anhelo del Gobierno, que semanas atrás había dado el visto bueno para la incorporación como socio mayoritario del empresario local Juan Carlos López Mena
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