La Corte Constitucional colombiana aprobó el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aunque insistió en que el fallo no exime a las normas que reglamenten el Tratado de cumplir con la Constitución y no vulnerar los derechos de los colombianos.
Por ello, todos los actos internos que se deriven del acuerdo podrán ser demandados y eventualmente descalificados por los órganos judiciales. La vigencia del TLC y su protocolo modificatorio “no pueden suponer una mengua o eliminación de las competencias y facultades constitucionales de los distintos órganos y autoridades colombianas”, lo que implica que “los desarrollos y aplicaciones del TLC podrán ser objeto de decisiones judiciales”, afirmó la Corte.
El texto de la sentencia aún no se conoce y solo será revelado en las próximas semanas. La exequibilidad del tratado y su protocolo modificatorio fue aprobada por siete votos contra uno, el del magistrado Jaime Araújo. Mauricio González, quien era secretario jurídico de Presidencia en la época en que se aprobó el tratado, se declaró impedido. Humberto Sierra, actual Presidente de la Corte, aclaró voto.
La trascendental decisión implica que, por parte de Colombia, cualquier discusión sobre el TLC está cerrada. El alto tribunal señaló que el estudio del Tratado (cuya ponencia fue de la magistrada Clara Inés Vargas) y del Protocolo Modificatorio (que hizo el magistrado Manuel José Cepeda) se hizo capítulo a capítulo y de manera simultánea.
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