Una serie de países exportadores agrícolas y en desarrollo criticaron en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) la legislación agrícola aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos, con la que prolonga las millonarias subvenciones a sus productores.
El Grupo de Cairns, que reúne a una veintena de países exportadores agrícolas, denunció el “impacto negativo” de esas ayudas financiadas por el Tesoro Público y que “contradicen el mandato de la Ronda Doha”, que se negocia en la entidad multilateral con el objetivo de liberalizar el comercio internacional.
“El fracaso del Congreso estadounidense de aprovechar los ingresos récord de los agricultores por el alza de los precios de los alimentos y de tomar medidas hacia una política más orientada al mercado pone de relieve la necesidad de concluir la Ronda Doha”, indicó el grupo mediante un comunicado.
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Pakistán, Paraguay y Uruguay son algunos de los países que integran el Grupo de Cairns, que aduce que el Congreso ha introducido nuevos programas de subsidios y "ampliado los apoyos internos que perjudican el comercio a bienes que no estaban incluidos hasta ahora", agregó el comunicado.
Por su parte, el Grupo de los Veinte (G-20), liderado por Brasil e India, señaló que esa situación “crea las condiciones para la reforma” del comercio mundial agrícola. Asimismo, responsabilizó a la ley agrícola estadounidense de “perpetuar las distorsiones en el mercado agrícola entre países ricos y pobres”. La nueva ley "prolongará el impacto negativo de las políticas que perjudican el comercio y la productividad de importantes empresas agrícolas y de alimentación en el mundo", concluyó.
La legislación estadounidense es polémica desde donde se la mire. Las elecciones presidenciales que se aproximan no son ajenas al “farm bill”, al que los demócratas apoyan y los republicanos se oponen. Además de los 5000 millones de dólares que el Gobierno pagará directamente a agricultores (que están ganando muy buen dinero por la inflación alimentaria mundial), la nueva ley está repleta de dádivas electorales: 170 millones de dólares a la industria salmonera de la Costa Oeste, 93 millones en recortes impositivos a criadores de caballos de carrera de Kentucky, 260 millones de reducción impositiva a la industria maderera y 15 millones para los productores de espárragos, que antes no recibían subsidios.
"Es una desgracia nacional", señaló Gary C. Hufbauer, ex-funcionario de la Secretaría del Tesoro. "Estamos en una época de prosperidad para muchos productores y si se esperaba un momento adecuado para liberalizar a la agricultura, es precisamente el actual", explicó.
El precandidato demócrata a las elecciones presidenciales, Barack Obama, manifestó su apoyo a la ley, pero el candidato republicano John McCain la criticó. Según el republicano, en un momento en que las materias primas han alcanzado un precio récord, los agricultores norteamericanos no necesitan subsidios. Entre los peores efectos es que perjudica a los consumidores al seguir subsidiando el etanol de maíz, que desvía el 25% de la cosecha maíz a la producción de etanol subsidiado. En consecuencia, el grano en los mercados minoristas está aumentando, al igual que la carne de vaca y pollo, cuya alimentación es en base al maíz.
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