Los 193 países integrantes de la FAO acordaron en Roma reducir "a la mitad" para 2015 el número de personas desnutridas en el mundo, en una polémica declaración que parece poco comprometida con la gravedad de la crisis alimentaria.
La declaración final, luego de tres días de complejas negociaciones, reafirma el objetivo de reducir a la mitad "no más tarde del año 2015" el número de personas desnutridas en el mundo, estimadas en 850 millones. El documento de cuatro páginas, que contó con la objeción de, entre otros, Argentina y Venezuela, confirma la voluntad de la comunidad internacional de alcanzar los objetivos fijados en la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996.
En concreto, la declaración llamó a la comunidad internacional a tomar "medidas urgentes para combatir los impactos negativos del alza del precio de alimentos en los países más vulnerables". "Los alimentos no pueden ser usados como instrumentos de presión política y económica", indicó el documento, que definió como "inaceptable" que "862 millones de personas en el mundo sigan estando hoy desnutridas". Además, el documento señaló que es necesario estudiar más "profundamente" el impacto de los biocombustibles, uno de los temas que estuvo en el centro de la polémica durante la cumbre.
Convocada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), junto con las demás agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cumbre de tres días que concluyó ayer, tenía como meta analizar las consecuencias y soluciones al alza del precio de los alimentos.
Además de las 850 millones personas que padecen desnutrición, la crisis ha arrastrado a otros 100 millones en África, Asia y el Caribe, lo que ha generado revueltas por el hambre e incluso la caída del Gobierno en Haití.
El documento oficial condena el "uso de alimentos como arma de presión", lo que ha sido interpretado como una denuncia al embargo aplicado por Estados Unidos a Cuba, explicaron fuentes diplomáticas latinoamericanas. En general, los latinoamericanos criticaron el texto final como el "resultado de la falta de voluntad política para promover una salida justa a la crisis alimentaria mundial", según afirmó el representante del ministerio cubano de Relaciones Exteriores.
La declaración de la FAO invita a la comunidad internacional a reducir las medidas "restrictivas" que incrementan la volatilidad de los precios internacionales, lo que generó la fractura con Argentina, que ha tenido que restringir sus exportaciones, y con muchos otros países que adoptaron medidas similares.
A su vez, la asesora sobre Alimentos y Hambre de la ONG ActionAid, Magda Kropiwnicka, manifestó que el documento carecía de propuestas concretas. "El documento no tiene sustancia alguna", comentó. "No hay compromisos financieros cuantificables. Con la excepción de los fondos existentes del Programa Mundial de Alimentos, no se ha ofrecido dinero alguno para atacar el problema principal de producción", arremetió.
Kropiwnicka también dijo que la insistencia de las naciones poderosas de que la solución a la crisis yacía en la conclusión de las conversaciones de la Ronda Doha de la organización Mundial de Comercio (OMC). "Esto simplemente va a causar un desastre mayor. Durante los últimos 30 años, la privatización de la agricultura y la falta de inversión en las economías rurales han dejado a los países sin políticas efectivas para lidiar con la crisis", subrayó.
En el documento, los países piden la liberalización del comercio agrícola e invitan a hacer "estudios en profundidad" sobre los biocombustibles, acusados por muchos de la suba de precios de los alimentos, algo que rechaza enérgicamente el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. "Logramos un compromiso sobre los biocombustibles, que satisface a Brasil y que reconoce representan una oportunidad y un desafío", indicó Francisco Coy, delegado de Colombia, segundo país productor de biocarburantes a partir de caña de azúcar y palma de aceite en la región, después de Brasil.
La espectacular escalada de precios de los alimentos de hasta el 53% en los primeros meses del 2008, con respecto al mismo periodo del 2007, ha afectado a numerosos países pobres.
La declaración intenta reactivar el sector agrícola mundial para convertirlo en una prioridad. Para conseguirlo, la FAO recaudó 6.500 millones de dólares. El problema radica en cómo se ha de incrementar tal producción, ya que están en juego intereses enfrentados.
De todos modos, muchos mandatarios recibieron con beneplácito la declaración como una señal de que el tema de la agricultura regresaba a la agenda. "Por primera vez la agricultura ocupa el centro de discusión en el escenario mundial. Durante años había estado en la periferia", expresó la Ministra de Agricultura de Sudáfrica, Lulu Xingwana. "Se ha necesitado de una crisis alimentaria para sacudir el mundo y hacerle caer en cuenta que la seguridad alimentaria es básica para la paz y seguridad", agregó.
El relator de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, dijo que la adopción de la declaración final "es una señal de que la comunidad internacional habla con una sola voz". No obstante, fue muy crítico con respecto a la resolución de biocombustibles. Según de Schutter, la decisión de Estados Unidos y la Unión Europea de incrementar la producción de biocombustibles enviaba una "señal peligrosa" al mercado que incrementaría la especulación de los bienes. "En Estados Unidos la principal razón de ser de la industria de biocombustibles no es para combatir el cambio climático o para buscar una independencia energética, sino para recompensar a grupos poderosos e influyentes. Es difícil cambiar las políticas de los intereses creados", sentenció.
La reticencia argentina
Específicamente, la delegación argentina solicitó la eliminación de la palabra "restrictivas" del párrafo "e" del punto 6 de la declaración, que reafirmaba "la necesidad de reducir al mínimo el empleo de medidas restrictivas que pueden incrementar la volatilidad de los precios internacionales".
Según la postura argentina, el párrafo inaceptable porque se interpretó como un llamado de atención a medidas polémicas como el aumento de las retenciones a las exportaciones dispuesto por el Gobierno, la causa del conflicto con el campo.
A su vez, la delegación argentina pidió que en el punto 11 de la declaración hubiera una condena más fuerte al proteccionismo. "Cuando se parte de diagnósticos equivocados no pueden surgir remedios apropiados, lo que sucede con esta declaración", explicó el delegado de nuestro país. Además, lamentó que en el texto final no se abordara la cuestión del daño producido por "las políticas de subsidio a los cultivos para la exportación y las barreras a la importación" que imponen los países desarrollados.
"Los delegados ante la FAO nos han defraudado, han borrado con el codo lo que sus mismos mandatarios habían prometido", declaró el representante de Argentina. A las objeciones de Argentina se unieron Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, que consideran que el texto "carece de un diagnóstico objetivo" de las causas del hambre en el mundo. "La falta de referencia a la responsabilidad que han tenido los subsidios agrícolas de los países ricos y las distorsiones al mercado de los países desarrollados y hacer referencia simultáneamente a medidas coyunturales de menor impacto, impiden que Argentina acompañe esta declaración final", anunció el representante argentino.
El compromiso financiero de la Cumbre
Los delegados asistentes a la Cumbre Alimentaria de Roma anunciaron el incremento de sus donaciones para combatir el hambre y promover el desarrollo agrícola. Estos fondos beneficiarán a los países que más resienten el impacto de la crisis mundial de alimentos, y así podrán producir suficientes alimentos para consumo propio en las próximas temporadas de siembra, lo cual contribuirá a lograr una seguridad alimentaria constante por medio de la inversión en agricultura e investigación.
La financiación anunciada durante la Cumbre, comprende (en dólares):
Banco Africano de Desarrollo: 1 000 millones
Banco Islámico de Desarrollo: 1 500 millones (en cinco años)
Banco Mundial: 1 200 millones
España: 773 millones (en cuatro años)
Francia: 1 500 millones (en cinco años)
Japón: 150 millones
Kuwait: 100 millones
Nueva Zelandia: 7,5 millones
Países Bajos: 75 millones
Reino Unido: 590 millones
UN CERF: 100 millones
Venezuela: 100 millones
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