China se dispone a emprender una importante reforma del sistema de gestión de la tierra, que tendrá importantes consecuencias en el desarrollo del país.
En efecto, Beijing permitirá a los campesinos vender, alquilar o hipotecar el derecho de uso de sus tierras, que, no obstante, seguirán siendo propiedad de las colectividades locales. La nueva política será el eje central de la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), que comenzó el jueves y concluirá el próximo domingo.
"La medida acelerará el proceso de urbanización, ya que favorecerá la emigración de los habitantes del campo a las ciudades y promoverá la creación de grandes propiedades modernas en las zonas rurales", aseguró Dang Guoying, investigador de la Academia de Ciencias Sociales, en el Diario del Pueblo, órgano oficial del PCCh.
Según Dang, la reforma permitirá a los campesinos liberarse de sus ataduras al suelo y utilizar el dinero obtenido de las transacciones para mudarse a las ciudades. Pero, a falta de una reforma en profundidad del sistema de registro de residencia en vigor, conocido como hukou, los emigrantes seguirán teniendo problemas para instalarse en sus nuevos destinos, ya que la ausencia de hukou urbano dificulta el acceso de los hijos a la educación y a determinados servicios sociales. Además, algunos expertos temen que la iniciativa conduzca a la concentración de la tierra en manos de unos pocos.
China cuenta actualmente con un sistema dual de gestión del suelo, según el cual la propiedad es independiente del derecho de uso. La tierra pertenece al Estado, en el caso de las zonas urbanas, o a las colectividades rurales, en el caso del campo. Estas colectividades están integradas por un pueblo o un conjunto de pueblos, que distribuyen la tierra a sus habitantes, ya sea para cultivo o residencia.
El sistema de reparto del derecho de uso del suelo colectivo a los campesinos fue creado en 1978, en el marco del proceso de apertura y reforma chino lanzado por el entonces líder Deng Xiaoping. Los agricultores poseen el derecho de explotación de la tierra por periodos renovables de 30 años, pero no la propiedad de la misma. Pero después de tres décadas de gran desarrollo, durante las cuales las zonas rurales han progresado a ritmo mucho menor que las urbanas, el Gobierno considera que este sistema impide elevar el nivel de vida en el campo y aumentar la productividad de las explotaciones, debido a su pequeño tamaño. Los terrenos familiares tienen una superficie media de 0,67 hectáreas, según el censo agrícola del Gobierno, y de 0,4 hectáreas, según otros estudios.
La modificación de la ley de la tierra fue parcialmente anunciada el pasado 30 de septiembre por el Presidente chino, Hu Jintao, en una visita simbólica a Xiaogang, el pueblo de la provincia oriental de Anhui en el que se aplicó por primera vez el sistema instaurado por Deng Xiaoping. Hu dijo que las relaciones contractuales "permanecerán sin cambios y estables durante largo tiempo", pero afirmó que "se permitirá a los campesinos transferir el contrato de gestión y el derecho de uso de la tierra, según deseen". Una forma de cambiar gradualmente el sistema, al mismo tiempo que la propiedad sigue en manos del Estado.
Hace tiempo que los dirigentes han asegurado que el modelo de desarrollo de China debe evolucionar hacia uno más centrado en el consumo interno y menos en las exportaciones, y que para ello es preciso proveer de oxígeno a la economía agraria y que los habitantes rurales, que en la actualidad representan 750 millones de personas (el 56,1% de la población total), tengan acceso al consumo. Así lo ha vuelto a recordar la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (el máximo organismo de planificación económica), por boca de uno de sus miembros, Chang Xueze: "Revivir la economía rural es la clave de la próxima etapa de desarrollo. Es el nuevo objetivo y el cuello de botella de la siguiente ronda de reformas".
La nueva generación de líderes, que llegó al poder en octubre de 2002, encabezada por Hu Jintao, ha establecido como prioridad la reducción de las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales, que no han cesado de aumentar durante las últimas tres décadas y se han convertido en una de las principales fuentes de descontento social. Uno de los catalizadores de las protestas de los campesinos son las frecuentes expropiaciones forzosas, y a menudo ilegales, de sus tierras por parte de los funcionarios locales, que las traspasan a empresarios o promotores inmobiliarios a cambio de comisiones.
La posibilidad de vender libremente el derecho de uso debería mejorar esta situación, aunque falta ver hasta qué punto la reforma decretada por el Gobierno es aplicada a escala provincial y local. Esto suele ocurrir en China, donde, a menudo, una cosa es lo que dicta Beijing y otra lo que ocurre sobre el terreno a miles de kilómetros de la capital.
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