China anunció en la semana la implantación de un “programa de gasto masivo en infraestructura”, como parte de un nuevo plan de estímulo fiscal que apunta a despertar a la economía china de su rápida desaceleración.
El Consejo Estatal, una suerte de Gabinete, autorizó la inversión de 586.000 millones de dólares en infraestructura y bienestar social en los próximos dos años, aunque no detalló cómo se volcarán los fondos en proyectos que aún no se encuentran en el presupuesto estatal.
El Gobierno alega que el plan de gastos refleja la decisión de adoptar una política fiscal “activa” para lidiar con la crisis financiera global, mientras que la política monetaria será “moderadamente activa”.
El anuncio tiene como trasfondo la creciente ansiedad en Beijing por el enfriamiento de la economía china, un proceso que se está dando más rápido que lo esperado inicialmente ante la debilidad de la demanda internacional y la desaceleración en el mercado local de propiedades.
Dos recientes informes industriales arrojaron un descenso en las actividades de octubre, brindando evidencia empírica que afirma que la desaceleración se ha acelerado en las últimas semanas. Algunos economistas consideran que el crecimiento, que el año pasado alcanzó el 12%, podría caer al 6% el año próximo si no se aplican estímulos fiscales sustanciales.
Además, Beijing ha venido sufriendo la presión internacional para que tome medidas fiscales que impulsen su economía, ante la esperanza de que el crecimiento fuerte y continuo de China pueda contrarrestar algo de la fuerza recesiva presente en el mundo desarrollado.
El Gobierno ya ha recortado la tasa de interés tres veces y tomado medidas para ayudar a los compradores de casas y algunos exportadores, entre otras disposiciones. No obstante, los economistas alegan que tales medidas no han sido suficientes para apaciguar el panorama oscura que acecha a las compañías y los consumidores.
Según la agencia estatal de noticias Xinhua, el Consejo Estatal decidió “planear medidas más enérgicas para expandir la demanda doméstica”, que incluiría gastos “masivos” en infraestructura.
La inversión estatal se enfocará en viviendas básicas, agua, electricidad, socorro para desastres naturales y transporte.
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