Enrique Mantilla, Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), manifestó mediante un comunicado que pidió a las autoridades parlamentarias poder realizar un aporte útil para el tratamiento de la ley de retenciones móviles, enviada a debate parlamentario por la Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Según el funcionario, la postura de la entidad se basa en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, la naturaleza de los derechos de exportación es de carácter no coparticipable. Además de ser un gravamen, también son “herramientas de política comercial”, por lo que la calidad de la redacción de las normas no es un tema menor. Por otra parte, el artículo 755 del Código Aduanero (que versa sobre la capacidad de acción y objeto de la misma del Ejecutivo sobre los derechos de exportación) “no contempla la asignación de derechos de exportación a fondos específicos”, según rezó el comunicado.
En segundo lugar, la CERA considera que las ventas al Mercosur deben ser excluidas de la aplicación de derechos de exportación, ya que el Tratado de Asunción los prohíbe, tal como lo refrendó la Cámara Federal Contencioso Administrativa en el caso “Sancor”.
En tercer lugar, el carácter confiscatorio. La entidad exportadora se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la existencia de un monto de alícuotas permitidas en los impuestos para que no sean confiscatorias.
Finalmente, la CERA destacó dos aspectos con relación al desarrollo de las fuerzas productivas del país. Primero, subrayó la “preferencia de un marco de políticas integradas donde se reconcilie la dimensión social de la agricultura y la necesidad de productividad”, en lugar de aportar a “políticas de estrategias excluyentes del tipo chacarero vs. pool de siembras”, según indicó el comunicado. Segundo, remarcó los “efectos subóptimos de distribuir con políticas en la oferta en vez de la demanda y su efecto en la producción”.
Por otra parte, Mantilla manifestó el aporte de la CERA puede ser crucial para el futuro de la legislación. “Un debate con aportes puede mejorar sustancialmente el nivel de información con la cual los legisladores tratarán el proyecto de ley”, explicó.
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