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A Telecom Italia hace rato que le va mal, dentro y fuera de Italia, pero sus mayores problemas los encuentra en su propio país de origen. Todavía no bajó el polvo del escándalo por el lavado de alrededor de 2.000 millones de Euros y la consiguiente evasión fiscal en la que estaba involucrada la empresa y que terminó con la renuncia del Senador Nicola di Girolamo, acusado de estar en connivencia con la “camorra”, que le salta otra liebre a Telecom.
Tiene aires de venganza, pero visto la sucesión de problemas en que se encuentra envuelta la empresa, no hay que descartar ninguna hipótesis. El problema comienza cuando Silvio Scaglia, el fundador de Fastweb, una empresa competidora de Telecom, termina en la cárcel, acusado de haber participado en la misma red de tráfico de divisas que incluía a Telecom y al Senador de la “camorra”. El acto siguiente es una denuncia de Fastweb contra Telecom Italia por abuso de posición dominante, que ha dado lugar a la apertura de una instrucción por parte del responsable del AntiTrust de Italia contra esta última.
Según esa denuncia, Telecom Italia ha abusado de su condición de operador verticalmente integrado, para tratar de excluir a Fastweb de licitaciones convocadas por ENEL (la mayor empresa de electricidad de Italia) y por el CONSIP (un holding de empresas públicas al servicio del Estado italiano) para la provisión de servicios de telefonía fija y de conectividad en Internet. Telecom habría negado a Fastweb información técnico-económica indispensable para poder presentar las ofertas.
En estas licitaciones están en juego más de mil seiscientos millones de Euros y la posibilidad de abrir un rumbo en la posición monopólica de la que aún goza Telecom Italia en su país.
Recordemos a nuestros lectores que Telefónica de España tiene una fuerte participación en Telecom Italia y que ésta es el operador de Telecom Argentina, de allí el cuadro monopólico que se ha creado en nuestro país y que está hoy en el centro de dos controversias: la primera entre la empresa italiana y el Gobierno y los tribunales argentinos, que han dispuesto que para asegurar la competencia es necesario que la empresa italiana desinvierta su participación en Telecom Argentina; y la segunda, entre los inversores argentinos en esa empresa y Telecom Italia, centrada en el control de Telecom Argentina y originada en los cambios accionarios que se han registrado en la misma.
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