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Durante muchos años la Argentina padeció el mal de jueces federales que dictan sentencias con el diario sobre el escritorio, o conforme a los llamados telefónicos que reciben del Poder Ejecutivo o Legislativo, o porque una de las partes les llenan los bolsillos para que decida en su favor. En la época de la dictadura militar, los jueces federales, eran los encargados de intervenir en los secuestros y hechos de la represión. Por lo que el de los jueces federales fue un sector sobre el cual recayeron presiones de parte de la Junta Militar. Algunos jueces no las soportaron y se fueron, otros fueron cómplices de los militares y unos pocos resistieron. En la época de la democracia –en especial durante los gobiernos de Menem- el fuero federal, especialmente el de la Capital Federal, fue aumentado y renovado con jueces “adictos” al Poder Ejecutivo “los jueces de la servilleta” que conformaron una “corporación” resquebrajada durante los últimos cinco años.
Durante la dictadura militar en todos los ámbitos y durante los años del menemismo, en el ámbito de la justicia federal de la Capital, no hubo justicia, o hubo muy poca.
Guillermo Federico Madueño era un abogado y juez federal de Bahía Blanca que no sólo cedió a las presiones de la dictadura, era amigo del general de brigada Acdel Vilas, quien lo hizo nombrar en ese cargo, compartió su mesa y adhirió a sus ideas y encubrió la represión de ese jefe del V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca. Participó –según testimonios recogidos por el CELS- de los interrogatorios de personas acusadas de “guerrilleros” o de estar vinculados a la guerrilla. Muchos de ellos perdieron la vida en las sesiones de tortura o fueron asesinados. En todos esos actos de secuestro, tortura y muertes el juez Madueño fue cómplice y funcional a la dictadura.
Tiempo después, en el año 1989, este señor, –como muchos otros que venían de la dictadura- fue propuesto por el gobierno de Menem para ser juez del Tribunal Oral Federal Nro. 5 de la Capital y lo integró hasta el 2005 junto a Di Renzi y Gordo, éste último hijo del General Gordo. Con Juan María Torino, ex integrante del grupo de Jaime Lamond Smart. (intelectuales de barrio norte que impulsaban a Ibérico Saint James para interventor de la gobernación desde el 74 en adelante y luego asesores de este en el ministerio de gobierno que ocupó durante la intervención de Ibérico Saint James) fueron jueces, entre otras causas, del suscripto, doctor Hernán Bernasconi, secuestrado y torturado por los militares y ex juez federal de Dolores, que había detenido y procesado a Guillermo Cópola, (del grupo íntimo de Ramón Hernández, secretario privado de Carlos Menem, Carlitos Menem (junior) y otros). Ramón Hernández –por entonces con poder de “superministro”- ordenó al Secretario de la SIDE Hugo Anzorregui y al Ministro del Interior Carlos Corach (canales con los jueces menemistas) que buscaran juez de instrucción y tribunal oral para “manejar” esta causa. El secretario, los policías y el juez sin derecho de defensa, sin jueces imparciales y sin derecho a la prueba fueron instruídos primero por Galeano (hoy procesado) y Cavallo (renunciado) y condenados por el tribunal de Madueño que fue así, otra vez, cómplice y funcional a un gobierno penetrado por las mafias del crimen organizado desde el Estado.
Hoy el ex juez Madueño, está prófugo y está siendo buscado por los crímenes cometidos durante la dictadura.
A casi tres décadas de su paso por Bahía Blanca como juez federal de la última dictadura, una investigación periodística publicada por Página/12 en tres extensas notas había detallado la amistad del magistrado con los principales responsables del terrorismo de Estado del sur bonaerense y su complicidad en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad, como torturas y enfrentamientos fraguados por el V Cuerpo de Ejército.
Entre 1975 y fines de 1978, Madueño junto a su secretario Hugo Mario Sierra (que aún es titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la Universidad Nacional del Sur) fueron la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca: se encargaron de rechazar los habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, de cerrar en tiempo record y sin investigar los fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos en los comunicados falsos que publicaba La Nueva Provincia, de entregar los cadáveres ametrallados e incluso de ordenar seccionar las manos de falsos NN para luego simular su identificación. Mientras tanto, se prestaron a una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la UNS que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura.
La colaboración del juez con la represión ilegal comenzó en diciembre de 1975, cuando archivó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad. Para justificar su muerte el comando adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de desconocidos lo había robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la causa de la ambulancia.
Ya en plena dictadura, Madueño se reunía por las noches con los dos máximos jefes del Cuerpo V “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la UNS”, según contó el general Adel Vilas a la justicia en 1987. Vilas dijo que invitó al juez a visitar el campo clandestino La Escuelita pero que Madueño se negó, aunque admitió: “Ya estoy integrado: menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad”. El juicio a los profesores de la UNS, publicitado por el diario de la familia Massot como un ejemplo de lucha contra el marxismo infiltrado en la universidad, incluyó golpes y humillaciones a un grupo de profesores por parte del subcomisario Félix Alejandro Alais, ex miembro de la Triple A, cuñado de Suárez Mason y hoy a cargo de la agencia de seguridad Fast. Varios profesores contaron cómo Madueño y Sierra los interrogaban en la misma comisaría donde eran torturados y les insinuaban que ratificaran sin leer la declaración tomada por Alais si no querían seguir en los calabozos.
El director del CELS Víctor Abramovich consideró ayer que “casos como el de Madueño demuestran que la actuación del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado fue fundamental para consagrar la impunidad de los delitos de lesa humanidad” y que “el impulso dado por el Consejo de la Magistratura a la denuncia fue una saludable respuesta institucional. Un desafío central para la marcha de los procesos judiciales impulsados por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es lograr una renovación de aquellos sectores judiciales que fueron cómplices o estuvieron comprometidos con los crímenes que ahora deben investigar”.
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