La cuestión será analizada el miércoles y jueves que viene por los gobernantes de la Unión Europea (UE) durante la cumbre semestral que se celebra en Bruselas.
La Presidencia de turno francesa de la Unión, hizo del paquete legislativo sobre el cambio climático una de las prioridades absolutas de su programa semestral,
El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durâo Barroso, también urgió a los Veintisiete a que se comprometan con el tema, porque el planeta, tanto o más que los bancos, necesita un plan de 'rescate' a medio y largo plazo.
'En estos momentos algunos gobiernos están recibiendo enormes presiones de su sector industrial para demorar el plan o abandonarlo', comentaba hoy un negociador comunitario.
La cumbre de la semana que viene, será un momento clave para comprobar si los europeos siguen unidos en los objetivos fijados en 2007 y en el calendario trazado en 2008.
Europa se ha comprometido en solitario a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en 2020 respecto al nivel que tenían en 1990.
'La negociación ya era extremadamente difícil por sus consecuencias sobre la industria y todavía lo es más en las circunstancias actuales', admite un diplomático francés.
Francia repartió entre sus socios un documento que contiene algunas pistas que podrían, a su juicio, hacer avanzar la negociación en los dos meses que quedan, marcar 'una trayectoria' y 'colocar la discusión en la buena vía'.
Dos dificultades considerables alejan toda perspectiva de acuerdo.
En primer lugar, la exigencia de los nuevos estados miembros de Europa central y oriental de que se modifique el año de referencia (2005) para el cálculo del esfuerzo de reducción de emisiones.
Segundo, la aspiración de la industria más contaminante y más sujeta a la competencia internacional -siderúrgica, petroquímica, cementeras y papeleras, entre otras- a quedar exonerada del pago por los derechos de emisión.
Un grupo cada vez más reducido de países, en el que se encuentra España, insiste en que las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea (CE) a principios de año constituyen 'el punto de llegada y no de salida'.
Cualquier modificación, especialmente en lo que respecta al reparto de la carga entre los estados miembros, haría imposible el acuerdo.
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