Cuatro directivos de la compañía están acusados de difamación y atentado a la privacidad, y puede recaer sobre ellos una condena de tres años. A pesar de que la familia de la víctima retiró las acusaciones, el ayuntamiento de Milán, donde Google tiene su sede en Italia, y asociaciones que protegen a personas trisómicas, se constituyeron en parte.
Para los demandantes, la empresa tenía la obligación de impedir la difusión de este video, que estuvo dos meses en la web y no se retiró hasta que fue advertido formalmente de su existencia a pesar de que varios internautas lo habían calificado como inapropiado.
Para Google, el inicio del juicio no cumpliría con la normativa europea que libera de responsabilidad a quien albergue este tipo de contenidos sin tener conocimiento de los contenidos del mismo. “Es como perseguir a empleados del correo por el contenido de las cartas”, sostienen los defensores de la compañía.
Además, Google colaboró con las autoridades italianas para localizar a los autores del ataque, que grabaron el ataque desde un teléfono celular, y fueron condenados a trabajos comunitarios.
Ahora resta saber qué pasará con el juicio, y si este problema provocará que hayan o no cambios en el filtrado automático para retirar con rapidez contenidos ofensivos.
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