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El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha decretado la libertad provisional con comparecencias quincenales para la ex presidenta argentina María Estela Martínez, conocida como Isabelita Perón, que fue detenida ayer por la tarde en su domicilio de Villanueva de la Cañada (Madrid). El arresto de la viuda del general Juan Perón se produjo como consecuencia de la orden de detención recibida pocas horas antes por Interpol Madrid, y que fue librada ayer por el juez argentino Raúl Acosta en relación con la desaparición de un joven durante su mandato (1974-1976).
Acosta investiga la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti Gallego, el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que derrocó a Isabelita. Según informaron fuentes jurídicas Del Olmo decretó la libertad de la detenida a instancias de la fiscalía y en aplicación del principio acusatorio que impide imponer una medida cautelar que sea más grave que la solicitada por la acusación, en este caso el Ministerio Público.
María Estela Martínez fue conducida a la Audiencia Nacional por los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial que la habían arrestado, quienes la pusieron a disposición de Del Olmo porque éste es el juez de guardia esta semana en el tribunal. Durante la comparecencia, Del Olmo comunicó a la detenida la causa por la que se ha ordenado su detención, que está relacionada con la firma, durante su mandato, de tres decretos que habilitaron la desaparición de personas.
La Justicia argentina considera que la desaparición de Fagetti fue avalada por la firma de tres decretos en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", lo que implicaría un acción de terrorismo de Estado. Del Olmo también preguntó a la viuda de Perón si accedía a ser entregada a Argentina, a lo que ésta contestó negativamente.
Posible extradición
Entre España y Argentina existe el denominado procedimiento de extradición simplificada, por lo que si la detenida hubiera accedido a su entrega a este país ésta se hubiera producido de inmediato. Ante su negativa, se pone en marcha el procedimiento ordinario de extradición y se abre un plazo de cuarenta días para que las autoridades argentinas presenten la petición formal de entrega y la documentación que debe acompañarla.
El procedimiento puede dilatarse durante meses, ya que será tramitado por un juez de instrucción y de ahí pasará a la sala de lo penal, donde un tribunal de tres magistrados se pronunciará a favor o en contra de la extradición. Esta decisión, en cualquier caso, es recurrible ante el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, compuesta por los magistrados de las cuatro secciones que la integran.
Además, aunque la Justicia decida extraditar a Isabelita Perón a Argentina, la entrega debe ser autorizada en última instancia por el Consejo de Ministros.
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