Un plan en ese sentido forma parte de un estudio interministerial sobre la prostitución en Gran Bretaña, que propone también que se considere delito el pago por los servicios sexuales, informa el dominical "The Sunday Times".
La policía se encargaría de identificar a las personas sospechosas de prostitución y daría sus nombres a las compañías telefónicas para que les corten la línea.
Según la fiscal general, Vera Baird, es fundamental poner limites a la demanda de "call girls" (prostitutas a las que se llama por teléfono) si se quiere acabar con el tráfico de mujeres.
Algunos, sin embargo, advierten de que ese plan podría llevar a las prostitutas a la clandestinidad, lo que haría más difícil el trabajo de la policía.
Muchas de esas mujeres tendrían que volver a la calle en busca de clientes.
"Es diez veces más peligroso trabajar en las calles que en un apartamento", señaló al periódico Cari Mitchell, del Colectivo Inglés de Prostitutas.
El Gobierno británico se ha fijado en el ejemplo de Suecia, donde las compañías telefónicas tienen un acuerdo voluntario con el regulador del sector por el que se comprometen a cortar las líneas telefónicas de burdeles y prostitutas.
La fiscal general quiere también que cada vez más periódicos locales publiquen los nombres acusados de solicitar los servicios de una prostituta como ocurre ya en la localidad inglesa de Middlesbrough.
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