Este acuerdo llevado a cabo en Francia, fue suscrito por el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, y unas cincuenta asociaciones del sector, entre ellas la de Proveedores de Acceso a Internet (FAI).
Hasta ahora reticentes, los proveedores se comprometieron a tomar medidas represivas contra los "pequeños" piratas que descarguen principalmente música y películas de forma ilegal.
En un primer lugar, el acuerdo prevé la creación de una autoridad independiente que enviará, a través de la FAI, hasta dos correos electrónicos de advertencia a los internautas fraudulentos.
Si el cliente persiste en su práctica ilegal, el proveedor suspenderá o incluso podrá rescindir el contrato entre ambos y cortar el acceso a Internet. Asimismo, un nuevo registro identificará a los piratas reincidentes, según lo establecido en el acuerdo.
Para que estas medidas se pongan en práctica, el gobierno francés presentará en el primer trimestre de 2008 un "dispositivo legal" que podría entrar en vigor antes del próximo verano.
La asociación de defensa de los consumidores UFC-Que Choisir denunció de inmediato esta iniciativa al catalogarla como política "represiva". La "rescisión punitiva" del contrato con el proveedor "es contraria a numerosos principios constitucionales, en particular la presunción de inocencia", criticó la asociación.
En agosto de 2006, el gobierno francés ya aprobó una ley que prevé un castigo de hasta tres años de cárcel y 300.000 euros de multa para los internautas que descarguen ilegalmente obras culturales protegidas.
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