La Corte Suprema del estado de California declaró inconstitucionales las leyes que prohíben el matrimonio entre homosexuales, argumentando que "violan los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo".
En su justificación, la Corte dijo que "permitir a las parejas del mismo sexo sólo acceso al nuevo y menos reconocido estatus de 'unión doméstica' infringe sus derechos constitucionales a casarse y tener la misma protección ante la ley garantizada por la constitución de California".
Añade que esta decisión obliga que las autoridades del estado a asegurarse de que los responsables locales "permitan a la parejas del mismo sexo contraer matrimonio en sus municipios".
El veredicto da la razón a los demandantes -la ciudad de San Francisco, varios grupos de apoyo a la comunidad gay y dos docenas de parejas de homosexuales- y es el último episodio de una serie de apelaciones y decisiones judiciales iniciada en 2004.
En febrero de ese año, el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, decidió permitir los enlaces entre homosexuales en su municipio por considerar que la ley del estado al respecto contradecía la constitución. Cerca de 4.000 parejas gays se casaron en las siguientes semanas en el ayuntamiento de la ciudad y las imágenes de los recién casados dieron la vuelta al mundo.
Un mes después, la Corte Suprema del estado ordenó paralizar las bodas y anuló legalmente los enlaces ya celebrados en agosto de ese mismo año argumentando que Newsom carecía de autoridad para contradecir las leyes californianas. Sin embargo, la decisión de ahora podría no ser la última palabra sobre el asunto.
Varios grupos conservadores de carácter religioso han recogido más de un millón de firmas para apoyar una iniciativa que pretende modificar la constitución de California para declarar inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si al menos 694.354 de estas firmas se declaran válidas, la medida podría votarse en California en los comicios del próximo noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales. De aprobarse un cambio en la constitución, todas las decisiones judiciales anteriores quedarían anuladas.
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