El portal "Congresso em foco" señaló este martes que un proceso contra el padre del fallecido deportista cursa en el Ministerio Público del Trabajo, aunque el organismo fiscalizador no se ha pronunciado formalmente al respecto.
Da Silva es acusado de mantener 82 trabajadores en "condición análoga a la de esclavo" en la hacienda Campo Aberto, en el municipio de Barreiras (Bahía, noreste), proyecto para exportación de maíz a Italia y Alemania que el padre del ex campeón comparte en 6.000 hectáreas con otros dos socios.
Las irregularidades apuntadas son servidumbre por deudas (con el patrón), restricción a la libertad de los trabajadores, trabajo temporal anormal, alojamientos y alimentación sin condiciones de higiene, ausencia de equipos de protección individual a los agrotóxicos.
El caso está entre los 621 de combate al trabajo esclavo investigados por el Gobierno, de los cuales 27.000 personas fueron liberadas en todo el país desde 2005.
La situación contrasta con el trabajo social de la Fundación Ayrton Senna, creada en 1994 por la familia tras la inesperada muerte del entonces campeón el 1 de mayo de ese año en el Gran Premio de San Marino.
La organización benefició a 1,3 millones de niños y adolescentes en 2007, a través de programas sociales en asociación con instituciones oficiales.
La directora de la fundación, Viviane Senna, evitó pronunciarse sobre el caso de su padre e indicó que es portavoz de la institución y no de la familia.
La propiedad de Da Silva recibió 29 infracciones durante diez días de inspección del Grupo Móvil Especial de Trabajo Esclavo del Ministerio de Trabajo y Empleo, en marzo de 2007.
Dos de las acciones que están en fase judicial final cobran una indemnización de 600.000 reales (unos 340.909 dólares) por perjuicios colectivos y de 110.000 reales (unos 62.500 dólares) por cada trabajador, sin contabilizar los derechos laborales.
Sin embargo, según el portal "Congresso em foco", la fiscalización se complica porque muchas de las empresas y haciendas de la "lista negra" del Ministerio Público del Trabajo, una especie de procuraduría especializada, y del Ministerio de Trabajo y Empleo fueron donadoras de campañas políticas.
Después de las acusaciones, el padre de Senna, que es dueño del 50 por ciento del proyecto, y sus otros dos socios intentaron vender la hacienda al Grupo Cosan, el mayor productor de azúcar y etanol en el mundo.
Consultado por la eventual negociación, el Grupo Cosan evitó pronunciarse al respecto por "estar impedido" de divulgar ese tipo de informaciones sin hacerlo previamente a los accionistas.
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